Funcionarios públicos federales violaron
los artículos 7 y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales,
al condicionar un programa federal para apoyar a la candidata del PRI, Blanca
Alcalá Ruiz.
Se ofrece como prueba el testimonio de la
persona que fue presionada con la entrega del programa.
El Comité Directivo Estatal del
PAN, encabezado por el Presidente, Jesús Giles Carmona interpuso una denuncia
en contra de funcionarios públicos federales del programa PROSPERA ante la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la
Procuraduría General de la República (PGR), por condicionar la entrega del
programa federal a beneficiarias del municipio de Cuetzalan del Progreso,
a cambio de apoyar a la candidata del PRI a la gubernatura del
estado, Blanca Alcalá Ruiz, en el próximo proceso electoral.
Es así que el Presidente del CDE,
interpuso la demanda en contra de los funcionarios de PROSPERA Paula
Hernández Olmos, Coordinadora Nacional; de Rafael Arroyo León, Enlace en el
municipio de Cuetzalan del Progreso; de Graciela Juárez García, Delegada
Estatal; de Edith González Pérez, promotora del programa en el municipio de
Cuetzalan del Progreso; así como de la candidata Blanca María del Socorro
Alcalá Ruiz y del Partido Revolucionario Institucional, por violar los
artículos 7 y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Como parte del proceso, se ofrece
como prueba el testimonio de la persona que fue presionada con la entrega del
programa, quien sería citada a declarar en próximas fechas por la autoridad
ministerial.
Cabe destacar que el CDE del PAN
decidió interponer dicha acusación, luego de que el pasado 21 de marzo se diera
a conocer un audio en el que el servidor público del programa PROSPERA, Rafael
Arroyo León, condicionó votos a favor de Blanca Alcalá Ruiz, al
solicitar a las beneficiadas reunir una cantidad determinada de
personas para promover el voto por la candidata del PRI.
Las sanciones establecidas
en los artículos 7 y 11 de dicha ley son hasta de nueve años de prisión al
servidor público que amenace o condicione los programas sociales con fines
políticos.
