La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos
Penales y Amparos (SCRPPA), en su delegación en Puebla y por conducto del
agente del Ministerio Público Federal, solicitó y obtuvo del Juez Primero
de Distrito en el estado, dos órdenes de aprehensión contra una persona, por su
probable responsabilidad en la comisión del delito de rendir información con
falsedad al Registro Federal de Contribuyentes y usar intencionalmente más
de una clave del registro federal de contribuyentes, dentro de dos procesos
distintos.
La inculpada incurrió en el
delito mencionado, cuando el 18 de diciembre de 2013, rindió con falsedad
al Registro Federal de Contribuyentes, los datos, informes o avisos a que se
encuentra obligado y usó intencionalmente más de una clave del RFC, además,
utilizando nombres distintos tramitó la firma electrónica, misma que ya había
realizado el día 23 de enero del mismo año.
Por esto, el Representante Social
de la Federación inició una averiguación previa por los delitos referidos y
luego de desahogar las diligencias necesarias, consignó el expediente,
solicitando al Juez la orden de aprehensión correspondiente, dentro del proceso
215/2015, misma que fue otorgada.
Además la misma persona cuenta
con otro proceso por haber incurrido en los mismos delitos, detectados el día
tres de diciembre de 2013, cuando de igual manera tramitó y obtuvo la firma
electrónica, proporcionando diversos documentos y distintos domicilios
fiscales, hechos que constan en la causa penal 25/2016, dentro de la cual el
Agente del Ministerio Público Federal aportó los elementos de prueba al
juez que le permitieron obtener una orden de aprehensión en contra de la
inculpada.
Por todo lo anterior, elementos
de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dieron cumplimiento a los
mandatos judiciales, dejándola a disposición de la autoridad judicial que la
requiere.
La Delegación de la PGR en Puebla
seguirá trabajando para propiciar un ambiente de certidumbre jurídica, en el
que las personas tengan la convicción de que cuentan con instituciones y
programas gubernamentales que garantizan el respeto a sus derechos y la
preservación de su patrimonio, mediante la aplicación de la
ley.
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