Ni a “coscorrón” llegaron las recomendaciones de la Comisión.
Desfachatez para señalar “chivos expiatorios”.
Por Francisco Ortega Hernández
Como “balde de agua fría” cayó para la mayoría de los poblanos las conclusiones dadas a conocer por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Raúl Plascencia Villanueva sobre el caso de la represión del Gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas contra la población de San Bernardino Chalchihuapan, que dejó como saldo la muerte de un menor de edad, José Luis Tehuatle Tamayo y decenas de lesionados, uno de ellos, Hugo Jiménez, perdió un ojo.
Tan sólo en Chalchihuapan, junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan, municipio a 15 kilómetros al sur de la capital poblana; la madre del menor muerto y un adulto que perdió el ojo a causa de las heridas proferidas por la Policía Estatal el pasado 9 de julio, miércoles, cuando el gobierno Morenovallista reprimió de manera brutal al pueblo que se manifestaba por el hecho de quitar la administración del Registro Civil a las juntas auxiliares; lamentaron la falta de castigo para el gobernador.
Ahora, señalaron, tienen temor que se desate una cacería de brujas por parte del gobierno de Moreno Valle contra los involucrados en el enfrentamiento del 9 de julio.
Filomeno Martínez Coatl, habitante de la capital poblana, lamentó el entreguismo de la CNDH a favor de Moreno Valle; que no se olvide, recordó que el gobernador mintió a los poblanos cuando se dieron a conocer por parte de las autoridades judiciales en el estado, las causas que ocasionaron la muerte del menor y múltiples heridas a otros habitantes de Chalchihuapan.
Ni siquiera, abundó, la CNDH pidió castigo para Moreno Valle, Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública; y Víctor Carrancá Bourguet, procurador de Justicia; y lo más raro, es que ni siquiera haya mencionado al Secretario General de Gobierno, el ahora perredista, Luis Maldonado Venegas, quien sin duda, enfatizó, tiene mucho que ver en los hechos.
Por su parte, la dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado, emitió el siguiente comunicado:
El gobierno de Puebla acepta recomendaciones de la CNDH
A dos meses de los hechos en San Bernardino Chalchihuapan, el Gobierno del Estado de Puebla lamenta que hayan resultado lesionados civiles y policías y reitera sus condolencias a la señora Elia Tamayo y su familia por la muerte del menor José Luis Tehuatle Tamayo.
El Gobierno estatal reconoce el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la investigación del caso. El dictamen correspondiente, publicado el día de hoy, enriquece la información sobre los lamentables acontecimientos y se suma a las investigaciones sobre el caso, conducidas por la División Científica de la Policía Federal y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla las cuales, ofrecen distintas conclusiones sobre la causa directa de la muerte de José Luis Tehuatle Tamayo. Sin embargo, lo que es claro e irrefutable, es que el hecho mismo obliga al Gobierno del Estado de Puebla a tomar las medidas necesarias para asegurar que las fuerzas de seguridad cumplan en todo momento con la tarea de respetar los derechos humanos y mantener el orden garantizando la seguridad y la integridad de la ciudadanía.
Este lamentable acontecimiento obliga a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre la importancia de convivir en armonía y conducir las diferencias por la vía del diálogo y dentro del marco de la ley.
En este sentido, el Gobierno del Estado de Puebla, notificó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la aceptación total de los puntos recomendatorios emitidos. En consecuencia, fue nombrado José Antonio Pérez Bravo como Fiscal Especial para el caso de San Bernardino Chalchihuapan. Pérez Bravo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México y Maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Anteriormente se desempeñaba como Subprocurador Jurídico de Asuntos procesales de la Procuraduría Social de Víctimas del delito (PROVÍCTIMA).
Asimismo, Juan Pablo Piña, Jefe de la Oficina del Ejecutivo, será el responsable de verificar el cumplimiento de las recomendaciones por parte de las dependencias responsables.
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