Límites claros al uso de las Fuerzas
Armadas en el combate a la delincuencia
La sociedad sigue siendo rehén de la
delincuencia, sentenció el Coordinador Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Uno de los grandes pendientes del gobierno federal es la ausencia del un
estado de derecho, en nuestro país se ha perdido el equilibrio entre el goce de
las libertades y la garantía de la seguridad; hoy la sociedad sigue siendo
rehén de la delincuencia, sentenció el diputado Ignacio Alvízar Linares.
En Movimiento Ciudadano advertimos que se han desdibujado los límites de la seguridad
nacional y de la seguridad pública; de acuerdo a recientes encuestas, la
ciudadanía ha modificado sus propios hábitos, el 73.3% de los mexicanos percibe
que vivir en su estado es inseguro.
Datos duros nos indican que cerca de 23 millones de ciudadanos fueron víctimas
de un delito el año pasado; así vemos que el miedo se ha convertido en
desconfianza, pues el 92.8% de los delitos no se denuncia ante las autoridades,
expresó el Coordinador del Grupo Parlamentario de MC en el Congreso del Estado.
Lamentamos que el modelo de seguridad del
gobierno federal se ha centrado fundamentalmente en la intercepción de los
narcóticos y el uso de la fuerza para detener o “inhabilitar” a los principales líderes de organizaciones criminales,
siendo que la desarticulación de estas organizaciones sólo ha incrementado la
violencia en la disputa por el control de las rutas y los mercados
Alvizar
Linares sostuvo que es creciente la penetración del crimen organizado en el
estado mexicano y en el sistema político, ya que son del dominio público
las muestras de subordinación y complicidad, situación que amenaza nuestra seguridad nacional.
Desde el Partido
Movimiento Ciudadano, planteamos que la seguridad ciudadana no se decreta, se
garantiza, por ello proponemos un cambio de fondo en materia de seguridad
pública en beneficio de los ciudadanos sin distinciones políticas,
económicas o sociales.
Se debe garantizar
que las libertades y los derechos humanos se respeten en el marco del estado de
derecho.
Una política de seguridad ciudadana que reconozca que las amenazas a la seguridad de
las personas surgen no solo de situaciones ligadas a la violencia y la
delincuencia, sino también de problemas estructurales de mayor complejidad
como la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades para el desarrollo de
las personas, expuso.
Castigar la tortura o la coerción para
obtener declaraciones de los acusados; reformar y recomponer las instituciones policiales; incorporar
estándares internacionales de rendición de cuentas y transparencia policial;
establecer mecanismos de participación ciudadana en la supervisión territorial
de las acciones de seguridad pública.
También impulsar reformas jurídicas y
mecanismos que permitan controlar y regular las empresas privadas de seguridad;
promover una Ley de Seguridad Interior
que imponga límites claros al uso de las Fuerzas Armadas en materia de combate
a la delincuencia organizada y en tareas de seguridad pública.
