Editorial: Reformas, un barco que hace agua
DLF Redacción
México se acentúan profundas
brechas de desigualdad e injusticia, poniendo en tela de juicio esas reformas
estructurales que están “haciendo agua”.
El despegue de la presente administración
prometió cambios profundos y poner al país en movimiento. Mientras se consumó
el Pacto por México, la clase política renovó sus promesas para consolidar los
esfuerzos de gobernabilidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el
sistema democrático y la participación ciudadana; en suma, era el arranque de
los cambios para la prosperidad.
El
gobierno actual, usando las mayorías
parlamentarias y los acuerdos tácitos con la oposición, logró un cúmulo de
reformas que motivaron los discursos más triunfalistas y atronadores: impulso
en todos los niveles, bajas en los precios, inusitado poder adquisitivo,
mejoramiento del salario y, sobre todo, promesas de desarrollo para acabar con
la violencia, cuya causa, en gran medida, tiene su origen en la pobreza y
en falta de oportunidades.
Sin
embargo, la realidad es distinta y
apabullante. Grandilocuentes justificaciones que hacen a México “un lugar
atractivo para invertir”, contrastan con el crecimiento de la pobreza entre
2012 y 2014, al pasar de 53.3 millones de personas a 55.3 millones. Los
salarios se han encarecido; hay un bajo crecimiento económico que no supera el
2 por ciento anual; la divisa estadunidense está arrasando con la apreciación
de nuestra moneda, pues cuando al inicio del presente gobierno un dólar valía
12.96 pesos, hoy alcanza los 19 pesos. El 2016 es año del calvario para los
mexicanos.
Se estrangula a millones de consumidores con nuevas
alzas en los combustibles y tarifas eléctricas, poniendo en duda si realmente
la reforma energética está corriendo por los caminos adecuados. Hay
inestabilidad social por la
Reforma Educativa y la promesa presidencial para que “las ciudades, los
pueblos, las carreteras, vuelvan a ser espacios de tranquilidad, en los cuales,
los mexicanos transiten con seguridad, sin temor de perder la libertad o la
vida”, queda en pura retórica populista.
Los recortes presupuestales amenazan la
efectividad de las políticas públicas. En 2016, la política de desarrollo
social sufrió disminución de recursos debido a la fusión de programas,
perjudicando así a los más pobres. El cinismo no puede ser más descarado cuando
los responsables de estas políticas menosprecian informes de organismos
internacionales sobre la pobreza rampante, aseverando que se puede vivir
holgadamente con 12 pesos diarios, es decir, poco más de 300 pesos mensuales.
El Presupuesto de Egresos para el año 2017 ya no
debería amparar lujos irresponsables y salarios indecentes de burócratas que le
han fallado al pueblo de México. No se puede seguir sosteniendo a partidos políticos que disfrutan del gasto público
millonario; esto raya en la obscenidad al
estar hundidos en los círculos más profundos de desconfianza y desprecio entre
los mexicanos. Ya no se pueden soportar dietas y emolumentos del Poder
Legislativo y de organismos autónomos empeñados en los lujos, prebendas y
canonjías.
No es
justo conceder prestaciones y compensaciones multimillonarias a once ministros
del Poder Judicial apoltronados y
envueltos en carísimas togas de seda de más de medio millón de pesos, que
encubren su pragmatismo y favoritismo por ideologías que dinamitan
instituciones del Derecho, vulnerando preciadísimos valores sociales como el
Matrimonio entre un hombre y una mujer, la protección de la familia o el
respeto a la vida de los niños en el seno materno.
El Papa Francisco reprueba la economía sin rostro
humano, y denuncia los sistemas neoliberales injustos y corruptos. En febrero
pasado, en Palacio Nacional, el Santo Padre dijo a las autoridades, diplomáticos
y sociedad civil: “Les corresponde de modo especial trabajar para ofrecer a
todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores de su propio destino,
en su familia y en todos los círculos en los que se desarrolla la sociabilidad
humana, ayudándoles a un acceso efectivo a los bienes materiales y espirituales
indispensables: vivienda adecuada, trabajo digno, alimento, justicia real,
seguridad efectiva, un ambiente sano y de paz”, pero en México se acentúan
profundas brechas de desigualdad e injusticia, poniendo en tela de juicio esas
reformas estructurales que están “haciendo agua”.
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