La Procuraduría General de la
República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
dos acciones de inconstitucionalidad en contra de los Congresos estatales
de Quintana Roo y Veracruz y de los Gobernadores de ambas entidades
que aprobaron reformas que se apartan de los lineamientos generales
del Sistema General Anticorrupción.
En conferencia de prensa en la
Residencia Oficial de Los Pinos, acompañado del Vocero del Gobierno de la
República, Eduardo Sánchez Hernández, el Subprocurador Jurídico y de Asuntos
Internacionales (SJAI) de la PGR, Salvador Sandoval Silva, informó que los
Congresos de dichos estados, aprobaron reformas y realizaron actos que no son
acordes al sentido y el fin de la reforma constitucional del 27 de mayo de
2015, cuyo objetivo es concretar un sistema de mecanismos que permitan frenar
el abuso del poder, no propiciarlo.
Afirmó que con fundamento en lo
previsto por el artículo 105, fracción II, inciso c) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presentaron las acciones de
inconstitucionalidad con el propósito de que el Máximo Tribunal del país,
revise las reformas locales de esos estados con base en los principios y reglas
de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.
El Titular de SJAI resaltó
la conveniencia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice tales
reformas, toda vez que ante la falta de competencia de los Congresos de las
entidades federativas mencionadas, se generará, en perjuicio del propio Sistema
Nacional Anticorrupción, una inseguridad jurídica que pondría en duda las
reglas de dicho Sistema.
Asimismo, que la SCJN advierta
que las entidades federativas mencionadas, carecen de facultades para crear sus
Sistemas Locales Anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales
correspondientes y que se advierta que no pueden hacer nombramientos de
funcionarios en dichas materias.
Informó que con estas acciones de
inconstitucionalidad se impugnan: los nombramientos de los Contralores
Generales de los Estados, de Fiscales Especializados en Combate a la Corrupción
y los Magistrados en materia anticorrupción, en dichas entidades
federativas. También la creación de Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción dependiente de la Fiscalía General del estado de Veracruz, la
designación que realice el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción
de los Fiscales, peritos, policías y demás personal que se requiera para
cumplir con esas atribuciones.
Finalmente, consideró que las
acciones de inconstitucionalidad presentadas por la PGR, se encaminan a atender
problemas muy concretos, ya que de subsistir las normas y actos que se han
impugnado, provocarán que varias de las actuaciones de combate a la corrupción
sean contrarias a la Constitución Federal.
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