Editorial: Otra vez a votar
DLF
Redacción
En cuanto a los candidatos, el
electorado está ante los dilemas generados por la clase política desgastada y
cuestionada.
Nuevamente
los mexicanos irán a las urnas. Trece estados y la Ciudad de México votarán
para elegir doce gobernadores, 388
diputados de mayoría y representación proporcional, 965 ayuntamientos y 60
diputados a la Asamblea redactora de la Constitución de la capital del país. El
padrón convocado representa el 45.40 por ciento de los mexicanos en edad para
votar, y llama la atención el porcentaje de pobreza alojada en las entidades
sufragantes: 23 millones de pobres (casi el 42 por ciento del país) y 5 millones
de personas en pobreza extrema (el 43 por ciento de quienes sufren estas
condiciones en el territorio nacional).
Evidentemente,
estos porcentajes se contraponen a los
gastos, dispendio de recursos y prerrogativas exorbitantes a partidos políticos
y los resultados del sistema dedicado a los procesos electorales. La valoración
de la reforma electoral, bajo la cual estuvieron regulados los comicios de
2015, apenas arroja sus resultados, y el INE, institución nacional rectora,
sufre el centralismo exagerado al atender elecciones federales, locales,
controversias, fiscalización de recursos y validación de la democracia
participativa, como es la evaluación de las miles de firmas de iniciativas
ciudadanas o consultas populares para que, al final, sean rechazadas por el
órgano electoral, como sucedió con las consultas sobre la reforma energética,
donde se invirtieron millones de pesos y recursos humanos.
Con el
debilitamiento de los Institutos locales
electorales, acotados en sus atribuciones, el INE carga además con la
maltrecha, confusa, forzada y artificial reforma política de la Ciudad de
México, esforzándose para llegar a los ciudadanos de la capital y elegir una
Asamblea Constituyente que no naufrague el 5 de junio. En el mejor de los
casos, y en el ánimo del elector, la extinción del Distrito Federal sólo quedó
en una marca y raras siglas color rosa que adornan transportes públicos y
papeles oficiales, sin incidir en la conciencia ciudadana sobre el significado
de los comicios para la nueva Constitución que, aún antes de nacer, está en la
palestra de los cuestionamientos cuando la izquierda fragmentada obedece a las
ideologías destructoras de la dignidad de la persona, en lugar de dar
cabida a cada uno de los derechos consagrados por la Constitución General de la
República, entre ellos el de la vida.
En cuanto
a los candidatos, el electorado está
ante los dilemas generados por la clase política desgastada y cuestionada. En
medio de la corrupción y opacidad, todo se paraliza en las negociaciones
legislativas, y los acuerdos se generan a raíz de los resultados en las urnas.
Los partidos recurren a viejos candidatos, funcionarios señalados, cartuchos
quemados, juniors y dinastías familiares, sea en solitario o al amparo de
coaliciones kafkianas; las ideas políticas convincentes son pura ilusión
que se aferran a campañas huecas que persiguen el poder sin proponer. Los
costos multimillonarios del sistema
democrático permiten el acceso a los tiempos públicos, en radio y televisión, a
partidos políticos y candidatos independientes sin creatividad propagandística,
bombardeando al elector con basura política comercial, que raya en lo soez
y prosaico.
Definitivamente,
no hay razón para permitir que los
partidos políticos sigan derrochando inmoralmente los recursos de un país
sumergido en la pobreza. Por ello, resulta inaplazable contemplar con seriedad
la posibilidad de un recorte presupuestal a estos institutos políticos, sobre
todo cuando el gobierno federal ha hecho un enorme recorte al gasto
público. ¡Hoy no hay excusas!
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