En noviembre de 2012 la Cámara de Diputados
reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para extinguir la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) –obra de la alternancia del año 2000– y
concentrar nuevamente todas sus funciones en la Secretaría de Gobernación. Los
motivos fueron dudosos, pero finalmente se logró poner todas las instancias
administrativas de seguridad pública, seguridad nacional, vigilancia
fronteriza y migratoria e inteligencia bajo esta dependencia.
Los
hechos en materia de seguridad acaecidos
recientemente; es decir, la vergonzosa fuga de uno de los delincuentes
más connotados, pone en tela de juicio la viabilidad de aquella reforma y la
concentración de funciones en una entidad política encargada del gobierno interior.
La subjetividad populista legislativa justificó la “supersecretaría” bajo el
argumento de que “la sociedad mexicana exige emprender acciones para proveer
tranquilidad y seguridad en todo el territorio nacional para cada persona y
familia”. El colofón de estas dulces promesas de tranquilidad y seguridad se
refrendarían por la presencia del “Estado mexicano fuerte” y la capacidad
de sus instituciones en todo tiempo y cada rincón del territorio nacional. La simpleza en el cambio de estrategias
para fortalecer la coordinación sería factible para proseguir con éxito el
combate contra el crimen organizado y la delincuencia. Todo regido por la
Secretaría de Gobernación.
Desde el renacimiento de la supersecretaría,
cualquier observador avezado está en condiciones de enjuiciar la labor de la
entidad que concentra competencias diversas, incompatibles y dispares: desde
coordinar a los secretarios de Estado, compilar la normatividad nacional, fijar
el calendario oficial, guardar las efemérides, registrar firmas oficiales de
funcionarios, publicar el Diario Oficial, censurar algunas publicaciones,
registrar a la población del país, expulsar extranjeros indeseables, dirigir la
política migratoria, promover el desarrollo municipal, vigilar casinos,
juegos y sorteos, administrar el patrimonio insular, regular el uso del escudo,
la bandera y el himno nacionales, coordinar el sistema de protección civil,
vigilar a las asociaciones religiosas y culto público (por cierto, esta subsecretaría se encuentra vacante desde hace seis meses,
una muestra más del gigantismo inoperante) hasta las de seguridad pública, de
seguridad nacional e inteligencia, entre las que destacan desde la aprobación
de las empresas de servicios de seguridad privados hasta la Coordinación del
Consejo Nacional de Seguridad, la atención integral a las víctimas del
delito y la fallida omnipresencia en la administración del sistema
penitenciario de máxima seguridad.
A casi tres años, los legisladores del Honorable
Congreso de la Unión no regatearon a la actual administración el renacimiento
de la supersecretaría; no obstante, la competencia de la Secretaría de
Gobernación fue jurídicamente desnaturalizada para imponer criterios ineficaces
que confunden a un organismo político como aparato policial. La supersecretaría
muestra ineficacia en sus acciones de seguridad pública y la efectividad del
sistema de inteligencia. Hace unos días, la supersecretaría vino a ser minisecretaría.
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