La Procuraduría General de la República obtuvo
auto de formal prisión para un ex funcionario municipal de Atizapán de
Zaragoza, Estado de México, por su probable responsabilidad en la comisión del
delito de Peculado por 37 millones 95 mil pesos. Fue detenido por elementos de
esta institución, a finales del mes pasado en la localidad mencionada.
Informó lo
anterior la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), y detalló que el
otrora funcionario local, está recluido en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla, a disposición del
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en
Naucalpan.
El inculpado habría firmado, junto con otros
servidores públicos en el trienio 2006-2009, a nombre del Ayuntamiento,
contrato de intermediación bursátil con una institución financiera y fue
imputado de distraer recursos del erario público correspondientes al Ramo 33
Federal (“Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”).
Asimismo, realizó operaciones de riesgo en la Bolsa
Mexicana de Valores, mediante este contrato, y ocasionó la pérdida de recursos
federales por 37 millones 95 mil pesos.
Luego del trabajo de más de cuatro años por parte de
la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores
Públicos y Contra la Administración de Justicia (UEIDCSPCAJ) de la SEIDF, en
coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, se logró ejercer
acción penal.
El pasado 19 de junio el Órgano Jurisdiccional
libró orden de aprehensión por el delito de Peculado, ilícito previsto en el
artículo 223 fracción I, (hipótesis del servidor público que para usos propios
o ajenos distraiga de su objeto dinero perteneciente al Estado, si por razón de
su cargo los hubiere recibido en administración) y sancionado en el último
párrafo del mismo precepto del Código Penal Federal.
La orden judicial se cumplimentó el pasado 26
de junio, en una zona residencial de Atizapán de Zaragoza, Estado de
México.
El 2 de julio de 2015, el Órgano
Jurisdiccional dictó auto de formal prisión y ordenó la apertura del
procedimiento ordinario.
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