Desde la
fe
Hacia el 2010, las mordidas para
facilitar 35 trámites burocráticos y servicios públicos alcanzaron los 32
millones de pesos.
El 26 de febrero, la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión aprobó un dictamen de reformas
constitucionales para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, atendiendo la
promesa para combatir y erradicar una lacra que desgasta al país en cuestiones
económicas y de credibilidad. El sistema, que se encuentra en análisis para
su discusión en el Senado, pretende ser respaldado por un diseño legislativo
idóneo para alcanzar estándares de calidad en el buen gobierno; más que un ordenamiento de sanciones, apuesta
a la prevención de la corrupción que cuesta al país miles de millones de pesos.
En el estudio de la Cámara de
Diputados para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de anticorrupción, se ventilan
cifras alarmantes derivadas del índice
Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. Hacia el 2010, las mordidas para
facilitar 35 trámites burocráticos y servicios públicos alcanzaron los 32
millones de pesos.
En ese mismo año se registraron
200 millones de actos de corrupción en distintos órdenes de gobierno y el 77
por ciento de los ciudadanos percibieron alta corrupción en el país.
En administraciones pasadas, se juró combatir este mal a través de la
creación de órganos blindados y por campañas mediáticas de sensibilización a la
población. Desde la renovación moral
hasta la expulsión de las víboras prietas y tepocatas se perjuró la inversión
ilimitada de recursos humanos y económicos para proteger la administración
pública y al gobierno.
El nacimiento de la Secretaría de la Contraloría General de la
Federación obedeció a esta señal frustrada de que la solución somos todos y sus
constantes transformaciones fueron la cadena de fracasos de combate a la
corrupción amparados por la impunidad más inaudita.
Desde entonces, la Secretaría de la Función Pública sería la entidad
fuerte de la alternancia en el 2000; sin embargo, ese órgano fue manoseado
políticamente hasta dejarlo en un limbo jurídico y como agencia de
contrataciones por tres años hasta que las cosas no podían tolerar más un vacío
legal frente a la corrupción rampante. Éste parece un mal eterno.
Si la medicina pretende ser definitiva, el examen debe dirigirse hacia
las instituciones más sospechosas. Una encuesta de un diario nacional realizada
entre el 14 y 15 de febrero indicó que entre las instituciones más corruptas
están partidos políticos, altos funcionarios públicos y el sistema judicial, y
entre los más bajos, iniciativa privada, maestros e Iglesia.
Si el nuevo sistema nacional anticorrupción pretende ser garante de la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de la función pública,
entonces será una señal de esperanza para componer este organismo que sufre un
mal lacerante.
En primera instancia, la rendición de cuentas y la debida gestión de los
asuntos y bienes públicos son condiciones inaplazables para su combate, pero la
corrupción somos todos cuando la mordida evade la burocracia, los moches
enriquecen a funcionarios, las licitaciones favorecen a contratistas únicos, el
lavado hace que el dinero malo sea bueno o el nepotismo consolide dinastías
políticas difíciles de erradicar. No es cuestión cultural y de idiosincrasia,
es cosa de que la Ley prevalezca
0 comentarios:
Publicar un comentario