Mediante un acuerdo, el Alcalde Tony Gali estableció que un funcionario
no puede recibir obsequios, en un año, que excedan diez veces el salario mínimo
El compromiso del Gobierno Municipal es evitar prácticas de corrupción y
mantener la probidad como eje de la actuación pública
A propósito de la época
decembrina o debido a otra ocasión especial, los servidores públicos del Ayuntamiento de Puebla pueden recibir
regalos por un valor equivalente a un monto de 10 salarios mínimos.
Mediante un acuerdo, el Alcalde
Tony Gali estableció que los obsequios o bienes mayores a 637.7 pesos que
perciban los funcionarios municipales, en un año, y que procedan de cualquier
persona cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se
encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor
público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que determinen
conflictos de intereses, deberán ponerse a disposición de la Contraloría
Municipal en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la fecha en que
los reciban.
Con ello, la administración municipal reitera su compromiso para
procurar una gestión que prevenga y combata la corrupción, enfocada a brindar
resultados y rendir cuentas a los ciudadanos.
Asimismo, se dispone que estos obsequios sean destinados al Sistema Municipal DIF o al Instituto Municipal de Arte y Cultura,
cuando se trate de bienes muebles, históricos o artísticos.
El servidor público debe informar inmediatamente a las autoridades
competentes para los efectos legales correspondientes, en caso de recibir
piezas arqueológicas, armas y municiones, así como objetos que, por ministerio
de ley, se encuentre prohibida su recepción o posesión.
La Contraloría Municipal, a cargo de Luz María Aguirre Barbosa, podrá
-en cualquier tiempo- inspeccionar y vigilar el registro, destino y aplicación
de los bienes que reciban los servidores públicos municipales a fin de que se
utilicen en beneficio de la sociedad.
En ese sentido, la dependencia se mantendrá atenta a las quejas y
denuncias de la población para garantizar el cumplimiento de las restricciones
legales en materia de obsequios, donativos o beneficios otorgados a los funcionarios
municipales.

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