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El Legislador Víctor Giorgana,
propuso proteger los derechos de los periodistas y sancionar a quienes
obstaculicen el ejercicio de la profesión
La libertad de prensa, es un elemento central del derecho más amplio a
la libertad de expresión
·
Las condiciones de seguridad y garantía de medios y comunicadores en
México, nos hablan de la tarea pendiente
Para colocar a Puebla a la vanguardia en la protección de los derechos
de los periodistas, y que puedan ejercer su profesión de manera libre, sin
perjucio, ni hostigamiento, el
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LIX
Legislatura, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, propuso proteger la libertad
de expresión y sancionar a quienes obstaculicen o impidan el ejercicio
periodístico.
La calidad de una democracia se mide por el tamaño de sus libertades,
muy especialmente, la de expresión, agregó el Legislador del Partido Revolucionario Institucional, al presentar
una Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos al Código Penal del
Estado. Con ello, continuamos humanizando el sistema jurídico poblano y protegemos la labor de los periodistas,
dijo.
Las condiciones de seguridad y garantía en las que se encuentran muchos
medios y comunicadores en México, hablan de la tarea pendiente, de las
omisiones para garantizar el derecho Constitucional de la libre expresión, sin
perjuicio del periodista a causa de amenazas, secuestro, homicidio y cualquier
otro delito de los cuales son víctimas.
En ese tenor, el Legislador priista propuso que se consideren como
delito, las acciones que obstaculicen, impidan o repriman la publicación,
producción, distribución, circulación o difusión de algún medio de información
impreso.
Agregó que se sancionará a quien adquiera un número de ejemplares
superior al diez por ciento del tiraje de la edición diaria de medios impresos
de circulación en Puebla. También, a quienes usen la violencia o intimiden para
evitar el ejercicio periodístico y a quien obstaculice o impida el derecho de
toda persona para recibir, buscar, investigar, sistematizar, acopiar,
almacenar, publicar o difundir información de hechos de interés público.
La iniciativa incluye sanciones a la autoridad o funcionario público
que, abusando de su cargo suspenda, clausure o establezca censura previa de
algún medio o impida su circulación, y quienes pretendan obligar a revelar el
secreto profesional periodístico.
Las penas, van de 6 meses a 4 años de prisión y multa de 50 a 200 días
de salario mínimo y si fuere servidor público, se inicia procedimiento de
acuerdo a la Ley de Responsabilidades.
Expuso que según el informe del primero
de mayo del 2014 que presentó Freedom
House, una organización no gubernamental independiente con sede en
Washington, DC, la cual tiene como principal labor conducir investigaciones y
promocionar la democracia, la libertad política y los derechos humanos, se
desprende que:
En México, de 2000 a
2013, 76 periodistas han sido asesinados y 16 reportados como desaparecidos. A
septiembre de 2013, se registraron 225 incidentes de agresiones contra
periodistas y/o trabajadores de medios e instalaciones de medios de
comunicación, cifra superior a los 207 atentados perpetrados en 2012 y los 172
del 2011 y, en lo general, el nivel de las amenazas y ataques, se incrementó.
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