* No es
posible que un pequeño grupo de alborotadores afecten el palpitar de un
municipio como San Andrés Cholula.
Por Francisco Ortega Hernández
La mayoría de los poblanos avalan las acciones punitivas de la autoridad
estatal en contra de transgresores de la ley, que tomando como bandera el
rechazo al pretendido “corredor turístico” -en inmediaciones de la Pirámide
Mayor de Cholula- cometieron desmanes contra el palacio municipal sanandreseño
y bloquearon avenidas de intenso tráfico vehicular.
Durante recorrido de este Portal de noticias, la mayoría de la gente
entrevistada para saber su punto de vista sobre el encarcelamiento de cuatro
líderes de aquellos que rompieron con el estado de derecho, coincidieron en
aplaudir el que hayan detenido a los alborotadores, de quienes se aclaró, no
son vecinos de la cabecera de San Andrés Cholula.
Ya basta, dijo Amelia Pérez, que unos cuantos sujetos tomen como rehenes
a todo un pueblo; pues, que se sepa, abundó, los propietarios de los terrenos
expropiados se han dado por bien pagados y ninguno de ellos se ha salido a
manifestar.
Ruperto Martínez Tecpanecatl, pidió a las autoridades judiciales que
apliquen un castigo ejemplar contra los “revoltosos”; en San Andrés, apuntó, la
gente lo que quiere es el progreso y no anda en chismes políticos.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia, por medio de
comunicado, estableció:
La PGJ
Puebla resolverá conforme a derecho, la situación jurídica de 4
detenidos en Cholula.
La
Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ), lleva a cabo diligencias a
través del agente del Ministerio Público, para investigar los hechos fuera de
la Ley que se registraron en diversas acciones, incluida la toma de las
oficinas del Ayuntamiento de San Andrés
Cholula, Puebla.
Dentro del
término constitucional, la PGJ definirá la situación jurídica de cuatro
personas aseguradas y puestas a disposición de la autoridad ministerial.
Se trata de Adán Xicale Huitle de 55 años de edad, Albino Tlachi Valencia de 44
años de edad, Manuel Tlachi Valencia de 49 años de edad y
Alejandro Paul Xicale Coyopotl de 24 años de edad.
La
Procuraduría General de Justicia del
Estado de Puebla, reitera su compromiso de actuar en apego al Estado de Derecho.
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