* Propone ampliar el plazo de precio único.
* Contribuirá a que la disponibilidad
de libros se dé en condiciones de mayor equidad para todos los lectores
potenciales.
El 87 por ciento de los mexicanos tienen únicamente entre 1 y 30
libros en su casa según una encuesta realizada en el año de 2012 por la Fundación Mexicana de Fomento a la Lectura.
Además, a nivel nacional, tenemos un promedio de lectura de 2.9 libros al año y
sólo la mitad de la población menor de doce años manifiesta leer, dio a conocer
este día, la senadora Blanca Alcalá
Ruiz, presidenta de la Comisión de Cultura.
Ante el Pleno del Senado y durante la presentación de la
iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro,
la también legisladora por Puebla, señaló que con esta iniciativa se propone
hacer una revisión de los dispositivos de la Ley de Fomento para la
Lectura y el Libro a fin de contribuir a que la disponibilidad de libros en el
territorio nacional se dé en condiciones de mayor equidad para todos los
lectores potenciales.
Dicha iniciativa que también fue suscrita por las senadoras
Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González, Ana Lilia Herrera Anzaldo y
Arely Gómez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, propone tres grandes temas:
Primero: se establecen las bases para que el libro
electrónico tenga un tratamiento equivalente en lo que corresponda con el libro
impreso, tanto en los aspectos generales de la definición establecida por la
ley como en las condiciones de distribución. Esto con el fin de evitar que, con
el tiempo, la disponibilidad del electrónico sea un motivo de extinción del
otro o, al menos, de la reducción de su accesibilidad, diversidad y oferta.
Segundo: se designa a la Profeco como la autoridad
responsable del cumplimiento de la ley, ausencia normativa que propició la
convivencia de dos prácticas comerciales en el mercado del libro que consisten,
por una parte, en la aplicación del precio único durante 18 meses a un
determinado número de sellos y casas editoras y, por la otra, un mercado
controlado por grandes distribuidores.
Se designa a la Profeco por ser la instancia responsable de la
aplicación de precios conforme a las disposiciones normativas determinadas por
la autoridad y, también, porque tiene la atribución de promover y
proteger los derechos e intereses del consumidor, procurando la equidad y
seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
Tercero: se propone la ampliación de la vigencia del
precio único de 18 meses como hoy día a 24 meses, a efecto de participar en el
equilibrio del mercado del libro, tomando en cuenta que el precio único no es
un precio fijo y aplica sólo al consumidor final.
Durante la exposición de motivos, la senadora Alcalá argumentó que
el precio único es un instrumento diseñado para establecer un precio
socialmente óptimo a cada título y evitar la pérdida de bienestar de los
lectores a manos de los agentes económicos que, en virtud de su participación
en el mercado, establecen una oferta diferenciada y discriminatoria en el
precio de los libros .
“La finalidad de esta iniciativa es que cada día haya
más autores de obras literarias, de obras científicas, de libros para la
reflexión y la crítica, en fin, de textos que hagan de nuestra sociedad un
lugar sin restricciones ni límites al conocimiento y a la libertad creativa”,
concluyó la presidenta de la Comisión de Cultura del Senado.
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