La
iniciativa adiciona un quinto párrafo al Código de Instituciones y
procedimientos Electorales del Estado de Puebla para armonizarlo con la
legislación federal.
Los recursos derivados de las
sanciones que establezca el órgano electoral a partidos políticos, candidatos o
instituciones, deberán canalizarse de manera directa a los proyectos de Ciencia y Tecnología del estado, propuso el
legislador de Movimiento Ciudadano, Ignacio Alvizar Linares.
En sesión ordinaria del Congreso
del Estado, a nombre del grupo parlamentario de MC, Alvízar Linares pidió
adicionar un quinto párrafo al artículo 393 del Código de Instituciones y
Procesos Electorales del Estado de Puebla, para quedar de la siguiente manera:
“Los recursos obtenidos por la
aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones, cometidas por los
sujetos del régimen sancionador electoral, serán destinados al Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla en los términos de las disposiciones
aplicables”.
Refirió que el Senado de la
República logró establecer, en la recién aprobada Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, de fecha 23 de mayo del año en curso, que los
recursos de las multas electorales se destinen para el apoyo de actividades
científicas, tecnológicas y de innovación.
Lo anterior permite, sin margen de interpretación, que los Congresos de los
Estados adaptemos nuestras correspondientes leyes locales en materia electoral
a esta reforma, planteó Alvízar Linares.
Así, en el caso de nuestro estado, el Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Puebla, (CONCYTEP) podrá disponer de recursos directos para la
realización de proyectos científicos y de innovación en los estados, y con ello
apoyar a los jóvenes, estudiantes, científicos y tecnólogos locales.
Expuso además que es innegable
que el desarrollo y progreso de los pueblos está asociado íntimamente a la
importancia que cada sociedad puede darle al impulso de la Ciencia y la
Tecnología. Desafortunadamente, esta sencilla conclusión no ha sido asimilada
con plenitud por quienes diseñan las políticas públicas en los gobiernos,
agregó.
Refirió que México es el país que
menos recursos destina a investigación. Apenas el 0.4% del Producto Interno
Bruto. Por tal razón, la población mexicana no está enfocada en la
investigación y la ciencia.
Agregó que conforme a la OCDE, en nuestro país solo dos de cada mil empleados
formales labora en actividades relacionadas con la investigación y el
desarrollo. En contraste, en Finlandia, el mejor posicionado en este rubro, hay
32 por cada mil. Estas cifras indican una triste realidad: hacen falta
políticas públicas para fortalecer la investigación, la ciencia y todas las
manifestaciones del conocimiento, sostuvo.
Según datos del Conacyt a enero de 2014, los estados en los que se concentra el
mayor número de investigadores son el Distrito Federal, con 35.2% Estado de
México, con 5.6 %; Jalisco, con 5%; Morelos, con 4.4 %; Nuevo León, con 4% y
Puebla, con 3.7 %, destacó.
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