La Procuraduría General de Justicia (PGJ)
informa que con base en diversos elementos de prueba debidamente documentados a
través de investigaciones y diligencias, la Fiscalía General Metropolitana, a través de la Dirección de
agencias del ministerio público zona metropolitana sur, ejercitó acción penal
en contra de Nicolás García Juárez, Miguel Cantor Alcaide y Yazmani Velázquez
Hernández, policías municipales de San
Andrés Cholula, quienes se encontraban arraigados bajo cargos por
secuestro, homicidio y abuso de autoridad.
Cabe
recordar que el pasado 19 de enero, el agente del Ministerio Público se
constituyó en el kilómetro 110 de la autopista Puebla-México, a la altura de la
población de San Francisco Ocotlán, perteneciente a Coronango, Puebla, para
realizar el levantamiento de cadáver de quien se llamó Juan Eduardo González
Flores, de 29 años de edad, quien perdió la vida a consecuencia de traumatismo
craneoencefálico severo, hecho por el cual se inició la averiguación previa
274/2014/SACHO.
Derivado
de lo anterior fue presentado a la autoridad ministerial un grupo de Policías
Municipales de San Andrés Cholula, quienes fueron arraigados con la finalidad
de deslindar responsabilidades y esclarecer el hecho delictivo.
Con base
en las diversas diligencias desahogadas se logró establecer que el 14 de enero
del año en curso, las personas antes señaladas interceptaron al hoy
occiso y a otra persona, en carretera caminó a Cacalotepec, cuando viajaban a
bordo de un tractocamión, donde tras amagarlos y someterlos de forma violenta,
los privaron de la libertad.
Posteriormente
fueron trasladados a un motel de la carretera
federal a Atlixco, donde ambos
estuvieron varios días en cautiverio. Cabe señalar que durante este tiempo
familiares de los hoy agraviados recibieron varias llamadas exigiendo la
cantidad de 50 mil pesos y un vehículo propiedad del hoy occiso, a cambio de
dejarlos en libertad.
Sin
embargo, al no recibir la cantidad solicitada, José Eduardo González Flores fue
privado de la vida, en tanto que la otra persona fue puesta en libertad.
Con base
en las pruebas obtenidas, Nicolás García Juárez, Miguel Cantor Alcaide y
Yazmani Velázquez Hernández, fueron internados en el Centro de Reinserción
Social de Cholula, quedando a disposición del Juez penal, quien determinará su
situación jurídica,
La
Procuraduría General de Justicia refrenda su compromiso de actuar en contra de
cualquier persona o funcionario público que cometa un ilícito, siempre con
estricto apego al derecho.
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