Puebla, Puebla. En
relación a los comentarios vertidos por
el obispo Raúl Vera López y el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, en el
sentido de que en Puebla hay presos políticos y que la Unión Popular de
Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” es una de las que más se ha visto
afectadas por la política “autoritaria” que se tiene, la Secretaría General de
Gobierno reitera que en Puebla, nadie está procesado o sentenciado por un
delito de naturaleza política.
Las personas
que se encuentran sujetas a proceso o en
su caso sentenciadas, lo son por delitos del orden común, ya que en la entidad
no se ejerce represión o persecución en contra de las voces disidentes y así lo
demuestra el respeto a las distintas manifestaciones de protesta por parte
de la población
Cabe aclarar a los señores prelados que la
situación de los integrantes de la UPVA 28 de octubre es la siguiente:
Rubén
Sarabia Sánchez, está sentenciado en la
causa penal número 113/89 por los delitos de privación ilegal de la
libertad en su modalidad de plagio o secuestro y robo de vehículo, cometidos en
agravio de RODOLFO KIESSSLICH SCHLUETER y cuya sentencia fue confirmada por la
Segunda Sala del H. Tribunal Superior de Justicia en el Toca Penal número
965/91, por lo que constituye la verdad legal.
Asimismo, está siendo procesado conjuntamente con ATL
TONATIHU RUBÉN SARABIA REYNA por el delito de narcomenudeo en la causa penal
número 9/2017.
ATL TONATIHU RUBÉN SARABIA REYNA, también está siendo procesado
por el delito de narcomenudeo en la causa penal número 510/2014.
XIHUEL SARABIA REYNA está siendo procesado por el delito
de narcomenudeo en el proceso penal número 119/2016.
RITA AMADOR LÓPEZ, MARIA DE LA LUZ GALVEZ JAVIER, SERGIO
LÉON LÓPEZ y SILVERIO MONTES SILVA están siendo procesados en la causa penal
número 452/2015 por el delito de ataques a las vías de comunicación.
Estos últimos se encuentran gozando de su
libertad por efecto de una suspensión concedida en un juicio de amparo.
De esta manera se puede comprobar que los
dichos, en otro sentido, obedecen más a intereses políticos que a la
realidad.
La SGG reafirma que el Gobierno del Estado está abierto
al diálogo para resolver cualquier diferencia con estricto apego a la
legalidad.


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