Guillermo Gazanini Espinoza
Los curas eran enemigos de la
Revolución, contrarios a la reforma agraria y reaccionarios al gobierno.
En la memoria legislativa de
México se conservan muchísimas anécdotas del Informe presidencial todavía
recordado como sacratísima fecha del santoral laico, día del presidente,
besamanos obligado, salutación del gabinete “legal y ampliado” ante la sumisión
cómplice y deferencial del Congreso general controlado por el Partido del
primer magistrado. La alternancia acabó con eso y ahora sólo hay discreto envío
de cajas y tomos, la foto obligada y el cumplimiento del mandato para desglosar
un Informe sin informante, comparecencias largas y a veces inútiles, mejor
en comisiones para no distraer las obligaciones del Pleno.
Hace 90 años, el 1 de septiembre
de 1926, Plutarco Elías Calles rindió el segundo informe de gobierno ante la
flamante XXXII Legislatura del Congreso de la Unión. El Informe de Calles es
singular por situarse al inicio del conflicto religioso de 1926 cuando, entre
acercamientos y desentendidos, se pretendían los arreglos. Después de la
suspensión de cultos del 31 de julio, los obispos de México, a través de
intermediarios, concertaron una entrevista con el Presidente de la República en
el Castillo de Chapultepec. El 21 de agosto, Mons. Pascual Díaz, obispo de
Tabasco y Mons. Leopoldo Ruiz Flores, Arzobispo de Michoacán, intentaron
la mejor componenda del conflicto sin resultados certeros. La extensa
entrevista, publicada por Relaciones No 31, revista trimestral de El
Colegio de Michoacán, dio cuenta de largos argumentos traducidos en
oportunidades perdidas para distender el conflicto que se agudizaba, la de los
obispos era como la voz que clamaba en el desierto.
Por un lado, el ánimo dispuesto y
patriotismo de los prelados como se deja ver en el discurso inicial de Mons.
Pascual Díaz: “Mucho agradecemos a usted Sr. Presidente, que se haya dignado
recibirnos; para nosotros esta entrevista tiene una gran trascendencia, porque
esperamos de ella magníficos resultados; muchos deseos teníamos de hablar con
toda libertad con usted. Queremos que se borre de su ánimo ese prejuicio que
tiene de que los Obispos hemos tratado de obstruccionar la labor del
Gobierno”.
Por otro, el prejuicio y cerrazón
de Calles quien habló “de manera franca” a los obispos diciendo: “… El clero en
México no ha evolucionado; la mentalidad de nuestros sacerdotes es muy baja; no
se han dado cuenta del movimiento de evolución que se está operando, y no
solamente no han entrado en ese movimiento, sino que tratan de obstruccionarlo
y naturalmente que tienen que ser arrollados. Esa es la verdad. Ustedes están
perdiendo terreno a grandes pasos entre sus fieles, porque en el movimiento
obrero que se está desarrollando los sacerdotes católicos se han puesto
abiertamente del lado de los opresores del trabajador”.
El problema central radicó en el
registro de sacerdotes ordenada por la Ley Calles; la entrevista naufragó y el
Presidente ordenó a los obispos recurrir a las Cámaras para revertir los
preceptos constitucionales y legislación secundaria. En La Cristiada, Jean
Meyer observa que la entrevista “fue particularmente tormentosa y el presidente
dio pruebas de nerviosismo y de escasa sangre fría”. Los curas eran enemigos de
la Revolución, contrarios a la reforma agraria y reaccionarios al gobierno. Los
obispos darían cauce a la exigencia de Calles y la petición legislativa
formal ocurrió cuando el 7 de septiembre los prelados presentaron una
iniciativa en calidad de ciudadanos.
Al inicio de las sesiones de la
XXXII Legislatura, Calles rindió su Informe dando la línea que debería seguir
el Congreso frente al conflicto y, eventualmente, ante la resolución del
famoso Memorial de los Obispos fundado en el artículo 8o de la
Constitución.
Aquel 1 de septiembre, el
Presidente que llegó al poder en diciembre de 1924 postulado por el Partido
Laborista Mexicano, compareció por segunda vez ante el H. Congreso de la Unión.
Presidía la Gran Comisión un hombre cercano al Presidente, militar y desde muy
joven diputado federal, cargo que ocupó cuatro veces; después, gobernador de
San Luis Potosí, era Gonzalo N. Santos, el autor de aquel dicho, “La moral
es un árbol que da moras o sirve para pura chingada”.
187 diputados y 46
senadores escucharon lo que, a juicio de Calles, fue un informe breve y
compendiado que hizo loas al clima paz preconizado por el Ejecutivo sólo
empañado por conflictos mínimos de rápida solución. En el Diario de los Debates
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del miércoles 1 de
septiembre de 1926, se lee el discurso triunfal de Calles refiriendo a que
“… La paz en todo país ha sido efectiva, salvo pequeños trastornos que
puedan calificarse de significantes, y hay fundadas esperanzas de que, mediante
el otorgamiento de planas garantías, la estricta aplicación de las leyes, una
eficaz administración de justicia y la compenetración de sus deberes por parte
de todas las autoridades, tanto federales como locales, esa paz llegará, no muy tarde, a ser
orgánica, como es el firme propósito del Gobierno, para satisfacer el justo
anhelo de todos los que formamos la familia mexicana”.
Familia mexicana que tenía un
enemigo: el clero. El conflicto venía acentuándose por el decreto del Ejecutivo
del 2 de julio reformando el Código Penal para el Distrito Federal y
Territorios Federales sobre delitos del fuero común y delitos contra la
Federación en materia de culto religioso y disciplina externa agudizado por el
desconocimiento de la Constitución por las declaraciones del Arzobispo de
México, Dr José Mora y del Río, hechas públicas en el diario El Universal del 4
de febrero de 1926: “El Episcopado, clero y católicos no reconocemos y
combatiremos los artículos 3o, 5o, 27 y 130 de la Constitución vigente”.
El segundo Informe de Calles
dedicó unos veintitrés párrafos a lo que llamó el problema religioso. Desde
luego, las líneas iniciales intentaron disminuir la cuestión enfatizando que
“el artículo 130 de la Constitución y las leyes de Reforma, en verdad tenían el
aspecto de simple declaración de principio, sin sanciones ni expresión de
medidas coercitivas”.
El tono fue subiendo. Ante la
oposición, el Presidente de la República no dudó en calificar las acciones
subversivas para ser reprimidas por ser actos antisociales y antijurídicos.
Calles urgió al Congreso en hacer cumplir las disposiciones constitucionales y
acabar con la desobediencia por “la situación creada por el clero que, rebelde
como siempre a las instituciones de la República y queriendo aprovechar un
momento que creyó propicio a sus fines, declaró que desconocía la
Constitución y las leyes emanadas de ella que reglamenten el ejercicio de
cultos”.
De esta forma, ante diputados y
senadores, el Ejecutivo expuso las duras medidas ante tal insubordinación.
Se lee en el Informe:
“Para complemento de la
legislación en la materia, próximamente serán sometidos a la consideración de
las HH. Cámaras los proyectos formulados en la Secretaría de Gobernación, de
Ley Orgánica del Artículo 130 Constitucional, y de la que fija el número máximo
de ministros de cultos en el Distrito de Territorios federales.
Por violaciones al artículo 27
fueron clausurados cuarenta y dos templos en todo el país, así como también las
capillas en los asilos de Beneficencia Privada, que estaban abiertas al culto
público sin haber cumplido los requisitos de la ley, suprimiéndose, además toda
intervención de religiosos u órdenes religiosas en general en las
instituciones de Beneficencia.
Igualmente, de conformidad con lo
prevenido sobre el particular por la Constitución general de la República,
fueron cerrados sesenta y tres conventos, ubicados cuarenta y tres en el
Distrito Federal y el resto en diferentes Estados de la República.
Atento a lo dispuesto en el
octavo párrafo del artículo 130 de la Constitución, se obligó a los sacerdotes
extranjeros a no ejercer el culto, habiendo abandonado el territorio nacional
185 de ellos, que fueron considerados como extranjeros perniciosos.
Fueron clausurados también, en
cumplimiento a lo prevenido en los artículos 27 y 130 de la Carta Magna, siete
centros de difusión religiosa, que se amparaban con las denominaciones de
recreativas, culturales o de enseñanza social, por tener oratorios anexos,
donde se verificaban, sin el permiso correspondiente, actos de culto”.
La suerte estaba echada. La
última jugada de los obispos sería el Memorial. Pronto los alzamientos se irían
multiplicando pasando por la radicalización de la legislación para limitar el
número de sacerdotes. Calles concluiría su Informe de esta manera: “La tarea
que ha comprendido el Ejecutivo federal quizá no sea obra ni bien comprendida
ni debidamente estimada; pero el que tiene la honra de hablaros, entiende que
el gobernante consciente de su deber no puede detenerse ante esa consideración,
y estima que ante los intereses espirituales del futuro no importa sacrificar
algunos de los intereses materiales del presente”. Y el sacrificio
fue mucho. México se sumergió en otra lucha que desangró al país. Para el Jefe
Máximo, “La religión era un asunto inmoral que era preciso reglamentar como la
cirugía dental”. (La Cristiada, Tomo II, p. 295).
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