DLF Redacción
La construcción del sistema
anticorrupción se entregue a institutos en el más bajo nivel de confianza ante
la percepción ciudadana.
México es experimento político de
sistemas y medidas anticorrupción que, en diferentes épocas, representaron
panaceas para aniquilar el mal corrosivo de la estructura gubernamental y
social. En retrospectiva quedaron en el fracaso, puros refraneros populistas,
cartas demagógicas que consumieron tal cantidad de recursos presupuestales,
fincando elefantes blancos
que nunca arrojaron resultados contundentes contra la corrupción y malas
prácticas en el ejercicio del poder público.
La
alternancia presidencial del 2000
enarboló una cruzada para acabar con “tepocatas” y “víboras prietas”; sin
embargo, las alimañas emergieron de los escondrijos y se enriquecieron
indecentemente. Las contralorías cambiaron de nombre e integraron entidades de
la administración pública federal que, en un momento, quedaron en el limbo
jurídico. Como en la alternancia, el regreso del partido ausente de la
Presidencia por 12 años, hizo lo que sus predecesores: el juramento inmaculado
de cero tolerancia contra la corrupción y barrer la casa para mostrar las
manos limpias. Ahora toca el turno al Sistema Anticorrupción con fiscales
independientes.
La
primera parte del sexenio quedó en la
parálisis: tres años perdidos en los laberintos de las palabras, discusiones y
congeladoras, mientras la Secretaría de Función Pública (SFP) fue reducida a
simple entidad receptora de trámites y contratista, con un encargado de
despacho, aunque con sueldo de Secretario de Estado. Tres años convulsos por
los escándalos de corrupción, melodramas mediáticos y resistencias por mostrar
la cara impávida del “yo no fui”; las inercias condujeron a la reinstalación de
un Secretario de la Función Pública que sentenció lo predecible, nadie es
culpable, todos están exentos de responsabilidad, al fin juez y parte.
Las
presiones vienen del exterior a la clase
política por acelerar lo que candidatos prometieron a cambio del voto en
2012 y 2015. La sociedad civil echó mano de las reformas legislativas para
presentar la iniciativa ciudadana 3de3, y hacer ley lo que debería ser práctica
común y corriente del ejercicio público. Al terminar el segundo período del
primer año de ejercicio legislativo de la LXIII Legislatura, las cosas parecen
evidenciar más resistencias que consensos cuando se busca un sistema
anticorrupción a modo. La discusión iría a un período extraordinario, y el
primero de los dictámenes del conjunto de leyes a reformar constituye al
Fiscal anticorrupción, con beneplácito de los partidos en el Senado, para su
nombramiento y designación. Nada escapa a la partidocracia.
México
está lastimado por los procesos de
corrupción a niveles inimaginables. Ya se ha discutido hasta dónde llega y cómo
acaba con la economía y credibilidad. Resulta paradójico que, en la democracia,
la construcción del sistema anticorrupción se entregue a institutos en el
más bajo nivel de confianza ante la percepción ciudadana, en ellos está el éxito o fracaso de este tema el cual, cada
día, va involucrando a distintos sectores de la sociedad, entre ellos la
Iglesia Católica, en voz de los obispos. En todos los niveles y sectores es
necesario el cambio de actitudes porque la corrupción es fenómeno ubicuo. Se
alza la exigencia para que diputados y senadores legislen para bien de México,
no de sus partidos que dan cobijo, protección y fuero. Dejar que la corrupción
crezca e infiltre en el sistema democrático repetiría el fracaso de anteriores
administraciones y, en el ámbito sobrenatural, será aversión a los mandamientos
divinos. Como afirma el Papa Francisco, “En toda actitud corrupta hay un
cansancio de trascendencia” y en esta discusión legislativa, omisiones y
perversiones constituyen un pecado aberrante que clama por justicia ante
los ojos de Dios
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