José Luis
Aguilar *
Esta Reforma Política, que se
aprobó este año en la Cámara de Senadores –publicada el 29 de enero en el
Diario Oficial de la Federación– implica la creación de una Constitución
Política (antes del 31 de enero de 2017) y un Congreso local.
Estos cambios se realizaron para
dar una mayor autonomía a la Ciudad de México.
La Reforma Política del Distrito Federal era
uno los principales pendientes de la agenda legislativa del Congreso de la
Unión.
Esta Reforma Política, que se aprobó este año en
la Cámara de Senadores –publicada el 29 de enero en el Diario Oficial de la
Federación– implica la creación de una Constitución Política (antes del 31 de
enero de 2017) y un Congreso local. Estos cambios se realizaron para dar una
mayor autonomía a la Ciudad de México.
Si bien
es cierto que la Constitución Política
no puede ir contra el espíritu de la Constitución General, es deseable que haya
mucho ingenio para plasmar nuevos mecanismos de participación ciudadana y
transparencia; que sea una Constitución solidaria, que permita políticas
públicas para abatir la pobreza y la desigualdad, así como la corrupción y la
injusticia; y desde luego, que sea equitativa y respete el marco jurídico.
En este
documento trabajarán cien personas: 60
electas (las elegiremos el primer domingo de junio) y 40 designadas (14 de los
cuales por el Senado, 14 por la Cámara de Diputados, seis por el Presidente de
la República y seis por el Jefe de Gobierno). Debe evitarse que se convierta en
un programa político, pues se requiere que la Constitución sea moderna y
progresista, con visión de futuro, y que favorezca la toma de decisiones amplia
e incluyente, no con soluciones pueblerinas, de grupo u ocurrentes.
Hay que
señalar que la Reforma Política para la
Ciudad de México resultó ser muy acotada; pues un proceso constituyente implica
una redistribución del poder, por lo que debemos buscar mecanismos de
participación e influencia social, en una ciudad que cada vez escucha menos, y
sufre de problemas complejos.
Se
discutirá también la organización y
demarcación territorial a cargo de alcaldías; las atribuciones de los poderes
donde los diputados locales pueden ser reelectos hasta en cuatro ocasiones
consecutivas, mientras que los alcaldes y concejales por dos ocasiones; las
libertades y derechos de los capitalinos (es bueno que sean reconocidos los
derechos humanos de manera transversal en todo el documento, los derechos
ya ganados y otros como pudieran ser el derecho a la alimentación, la objeción
de conciencia, desobediencia civil, entre otros) para dar mayor dinámica a
nuestra democracia.
Este
último aspecto determinará también su
relación con el Ejecutivo Federal y las entidades federativas, su alcance
autónomo, la obtención de los recursos, el gasto público, deuda, seguridad,
medio ambiente, entre otros.
La
acotación de esta Constitución de la
CDMX, de acuerdo a la reforma, también contempla que, a diferencia de los
estados, el gobierno federal mantenga la responsabilidad del financiamiento
a la educación y los servicios de salud.
Asimismo,
se requieren principios y valores para
una megalópolis en crecimiento, pluricultural y pluriétnica, donde la
transparencia sea sinónimo de confianza en las instituciones locales y en el
servicio público; nos urge una megalópolis sustentable, con visión de futuro,
con una rendición de cuentas claras y precisas; que no haya ciudadanos de
primera o de segunda, y que el respeto por el Estado de Derecho sea una
realidad.
Amamos
este magnífico planeta donde Dios nos ha
puesto, y amamos a la humanidad que lo habita, con todos sus dramas y
cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y fragilidades. La
tierra es nuestra casa común, y todos somos hermanos. Si bien “el orden justo
de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política”, la Iglesia
“no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia”.
Evangelii Gadium 183.
* Comisión de Justicia y Paz de
la Arquidiócesis de México.
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