DLF Redacción
Los principales problemas se
concentran en la sobrepoblación, precarios servicios sanitarios y de salud,
falta de oportunidades laborales para los internos.
En marzo pasado, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) difundió el Diagnóstico Nacional de la
Situación Penitenciaria 2015, un extenso documento que describe la situación de
las cárceles de México: 130 centros estatales de readaptación y 21
instalaciones federales del país estuvieron bajo evaluación, en los cuales se
observaron serias carencias que impiden condiciones mínimas de dignidad e
integración social de quienes están bajo proceso penal o purgan condenas
diversas.
El análisis de la CNDH quiso trazar gráficamente, a través de colores de
semáforo, cuál es el planteamiento de urgencias.
Sólo un estado de la República tiene calificación verde, favorable, mientras
que las entidades restantes pintan en amarillo o rojo. El ombudsman nacional
describe un sistema carcelario incapaz de lograr el goce pleno de derechos
y garantías constitucionales de los internos. Los principales problemas se
concentran en la sobrepoblación, precarios servicios sanitarios y de salud,
falta de oportunidades laborales para los internos, hacinamiento que lleva a la
convivencia de treinta personas en espacios
construidos para albergar a sólo cuatro inculpados; áreas de privilegios para
quienes mandan al interior, el tráfico de drogas y armas, la precaria e
insalubre confección y distribución de alimentos, y la ausencia de cuidados
médicos especiales para personas con enfermedades crónicas y graves,
destacando además violencia, riñas y homicidios.
Se suma la deficiente
clasificación entre procesados y sentenciados o la convivencia entre reos de
mínima y máxima peligrosidad, sin dejar de lado el rompimiento de las relaciones
familiares por el nivel de sometimiento de personas cercanas a los internos,
quienes tributan cuotas para lograr los mínimos de sobrevivencia de sus seres
queridos por redes de corrupción y prácticas de horror debido al tráfico
humano, comercial y monetario en los centros de readaptación. Es imposible
pensar en el respeto pleno de los derechos humanos de quienes están privados de
la libertad.
El caso de la Ciudad de México es
la síntesis de la pudrición del sistema carcelario, con calificaciones en
amarillo, destacando en rojo las serias condiciones de gobernabilidad debido a
personal insuficiente, la autoridad en manos de los internos, prácticas
ilícitas como el tráfico de drogas, extorsiones y sobornos, además de la
agobiante sobrepoblación.
El nuevo sistema de justicia
penal apuesta por una reforma que impacte al andamiaje penitenciario del país;
sin embargo, las condiciones actuales arrojan signos de alarma sobre el trato
digno a los internos. Con frecuencia se escucha de redes del crimen que operan
desde las cárceles y reclusorios, mismas que han obtenido ganancias por más de
1,350 millones de pesos en el período comprendido entre el 2001 y 2015.
Algunos organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos
afirman que el 90 por ciento de las bandas de extorsionadores están activas
desde penales de la capital del país.
Las cárceles son un síntoma de
cómo estamos en sociedad, de silencios y de omisiones que han provocado la
cultura del descarte. El sufrimiento y la privación son reflejo del egoísmo
social que provoca enfrentamientos y rivalidades, refrendando el imperio del
crimen. En su visita a México, el Papa Francisco indicó cuáles son los signos
de la verdadera inserción social: “La reinserción social comienza insertando a
todos nuestros hijos en las escuelas, y a sus familias en trabajos dignos,
generando espacios públicos de esparcimiento y recreación, habilitando
instancias de participación ciudadana, servicios sanitarios, acceso a los
servicios básicos… Ahí empieza todo proceso de reinserción”. Pero en
México, el sistema penitenciario usa, tira y aniquila a la gente.
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