Editorial: Y siguen sin entender
DLF
Redacción
Un decreto, dicen, austero que
recortó gastos; sin embargo, continúan los altísimos y abusivos salarios para
la alta burocracia, indignantes y lesivos, frente a los ingresos del mexicano
promedio que invierte más horas en el trabajo retribuido.
En semanas recientes, la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para
el año 2016. Un decreto, dicen, austero que recortó gastos; sin embargo,
continúan los altísimos y abusivos salarios para la alta burocracia,
indignantes y lesivos, frente a los ingresos del mexicano promedio que invierte
más horas en el trabajo retribuido, con recursos cada más encarecidos y pesos
menos valiosos ante el galopante ritmo de vida y el alza de precios de los
artículos y servicios más indispensables.
La
percepción generalizada es de
descontento frente a los abusos de la clase política, sentada sobre los filones
dorados que representa el uso de los recursos públicos. No obstante la
palabrería basada en promesas de austeridad, uso responsable y transparente de
los recursos, los integrantes de los Poderes de la Federación y de los órganos
autónomos siguen en el reparto indecente de recursos, haciendo del oficio
político un gran negocio.
Según el
Presupuesto 2016 aprobado por la Cámara de Diputados, las percepciones a la
alta burocracia son dignas de cortesanos, que parecen compensar a castas y no
retribuir a empleados de una democracia.
Para el Presidente de la República se asignan recursos mensuales máximos por
200 mil pesos; sin embargo, el presidencial parece ser un salario mínimo frente
a las inverosímiles ganancias de otros ramos gubernamentales. El caso de la
Judicatura y del Poder Judicial de la Federación es especial porque, hasta en
el papel aprobado, parece que sus funcionarios pasan la tabla que los diputados
agregan sin modificación alguna al texto del decreto.
El ministro Presidente de la
Corte tiene un sueldo base de más de 650 mil pesos mensuales, sin contar las
prestaciones que elevan sus ingresos anuales en más de seis millones y medio de
pesos. La desfachatez y desvergüenza de la tabla de la Corte todavía carga a los mexicanos prestaciones
de risa como aquélla por concepto o estímulo del Día de la Madre, ascendiendo a
la discreta cantidad de mil pesos.
Onerosas
compensaciones se otorgan a los órganos autónomos cada vez más en número y
ávidas de recursos. El Presidente de la
CNDH, Visitadores, Consejeros del Instituto Nacional Electoral, integrantes de
la Comisión Federal de Competencia Económica, del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, los Comisionados del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, del Instituto Nacional de Transparencia, titulares del
INEGI y gobernador del Banco de México reciben salarios base superiores a los
200 mil pesos, sin contar la disposición de emolumentos extraordinarios que
engordan más y más sus bolsillos, haciendo del poder público una auténtica mina
de oro.
Con justa
razón los ciudadanos están enojados ante
la voracidad política y burocrática. En México hay profunda indignación por
los más pobres, quienes no tienen ni lo mínimo para vivir. En este país se acentúan las desigualdades y es injusto el reparto de
la riqueza que beneficia sólo a una clase sobre los millones de personas que
jamás verán en sus vidas un salario como el de los burócratas y funcionarios
mexicanos. Justo cuando se espera la visita del Papa Francisco, es oportuno
recordar sus palabras sobre el poder público: “Traer el pan a casa, ofrecer a los hijos un techo, ofrecer salud y
educación, son aspectos esenciales de la dignidad humana, y los empresarios,
los políticos, los economistas, deben dejarse interpelar por ellos. Les pido
que no cedan a un modelo económico idolátrico que necesita sacrificar vidas
humanas en el altar del dinero y de la rentabilidad…” Y nuestra clase
política sigue sin entender.
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