Vergüenza internacional
Los expertos independientes han
puesto de manifiesto la falta de pericia e ignorancia del personal de la
Procuraduría General de la República (PGR).
A casi un año de los hechos de Iguala, el informe
presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y auspiciado por
diversas organizaciones de México, resultó demoledor al echar abajo varias de
las hipótesis del exprocurador Jesús Murillo Karam, quien el 7 de noviembre de
2014, unos cuantos días después de la comisión de los delitos en Iguala,
explicó el resultado de las indagatorias reunidas en un escueto informe donde
se expuso la “verdad histórica” de la desaparición de 43 estudiantes, tras 487
dictámenes periciales, la detención de 99 personas, 385 declaraciones y las
reconstrucciones de los hechos para concluir que los normalistas
habían sido calcinados.
Los
expertos independientes han puesto de
manifiesto la falta de pericia e ignorancia del personal de la Procuraduría
General de la República (PGR). Las aseveraciones suponen que el ministerio
público actuó sin diligencia, no realizó el debido procesamiento en la recopilación
de pruebas e información para el esclarecimiento de la verdad. Contra lo que
afirmó la PGR, el GIEI sentenció: los normalistas no fueron incinerados.
Si las autoridades federales estaban
“profundamente consternadas”, ahora se encuentran profundamente angustiadas
ante la más grave crisis del sistema de procuración de justicia en nuestro
país, un sistema profundamente descompuesto, viciado y corrupto, un sistema del
que la mayoría de los mexicanos desconfía, y nos lleva a la convicción de que
en México no existe una verdadera impartición de justicia.
A un año de los lamentables e indignantes hechos se
vuelve al punto en el que la opinión pública muestra su consternación por la
impericia y negligencia de un aparato fincado para cuidar de la imagen del
gobierno y de las dependencias de la administración pública, en lugar de ser
garante de la seguridad y del bien de cada persona, revelando que lo que menos
interesa es la protección de los derechos humanos.
Los
crímenes de Iguala destapan el gran
vacío del Estado de Derecho. El informe del GIEI exhibe la gran vulnerabilidad
en la que estamos los ciudadanos por la incapacidad y torpeza de las
instituciones responsables de la impartición de justicia, ahora dispuestas a
analizar detalladamente lo que debieron indagar desde el primer momento de las
desapariciones. En más de 600 páginas, el Grupo Interdisciplinario exhibe
los principales males del sistema de justicia: el enquistamiento de la
corrupción y la impunidad.
En tanto
se realizan los proyectos legislativos
de creación de la Fiscalía General de la República, cuyo titular estará en el
cargo por nueve años, diputados y senadores deben analizar con alta
responsabilidad la naturaleza y competencia de un nuevo órgano que debería ser
creado para la consolidación del bien común y la seguridad jurídica. Desde la
experiencia que ha vivido el país, parece del todo inconveniente nombrar a una
persona por tantos años para un cargo expuesto al desgaste, y vulnerable
ante la incompetencia y corrupción de los miembros de esta diezmada
institución.
Nadie
tiene derecho a hacer de esta tragedia
un botín político; más bien, todos deberían colaborar a fin de que sea posible
el esclarecimiento de este brutal crimen y los verdaderos culpables paguen
ejemplarmente. Además, este hecho debe servir para hacer una depuración
profunda del inoperante y corrupto sistema de justicia que se ha convertido en
una vergüenza internacional.
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