DLF Redacción
El presupuesto de egresos de la
federación deberá tomar criterios de austeridad y transparencia para aplicar
los recursos a lo realmente necesario.
La LXIII
Legislatura del Congreso de la Unión iniciará su primer periodo ordinario de
sesiones el 1 de septiembre, en medio de una crítica situación nacional. Aún
después de las reformas aprobadas por su
antecesora, las cosas parecen ir contracorriente, perjudicando a millones de
mexicanos quienes, en su vida ordinaria, ven cómo el dinero es volátil,
precario en su poder adquisitivo, sin dejar de lado las dramáticas condiciones
en distintas regiones que mantienen a la población en situación de vulnerabilidad,
no sólo por la endeble seguridad, sino también por el ínfimo desarrollo
humano y social.
Este
estado de cosas requiere de acuerdos
urgentes y bien hechos para un mejor futuro. A la LXIII Legislatura le aguarda
un paquete importante de reformas, y el replanteamiento posible de algunas ya
realizadas, después de un tiempo en vigor. Deberá examinar las condiciones
sobre los ingresos del país ante el panorama económico internacional adverso
que nos hace pagar las consecuencias de la economía “hiperpetrolizada” y del
peso sobrevaluado; el reto es crear soluciones que permitan otras formas de
ingresos a pesar de las vapuleadas condiciones económicas de México; de igual
manera, son bombas de tiempo: el incremento de la pobreza, la desigualdad
rampante –que crea brechas profundísimas entre los pocos ricos y millones
de empobrecidos– y la cuestión migratoria a niveles de emergencia humanitaria,
con secuelas trágicas.
El
presupuesto de egresos de la federación deberá tomar criterios de austeridad y
transparencia para aplicar los recursos a lo realmente necesario. Resulta
escandaloso y contrario a la justicia que miles de millones de pesos se
destinen a sueldos de la alta burocracia o al financiamiento de partidos políticos, mientras el ciudadano cargue con
impuestos cada vez más onerosos cuando los salarios están estancados. En el
2015, millones de mexicanos tributaron alrededor de cuatro impuestos de orden
federal, sin mencionar el agobio causado por el pago de impuestos locales y
municipales. Por cada peso ganado, casi la mitad, 43 centavos, fueron a
contribuciones.
La LXIII
Legislatura deberá revisar las condiciones
relativas a la seguridad pública. En esto queda pendiente la fuga de uno de los
delincuentes más buscados y cuáles serán las reformas para fortalecer el
sistema penitenciario federal. En comisiones, duerme el sueño de los justos la
iniciativa presidencial sobre mando único que podría llevar a la desaparición
de las policías municipales, cosa que debe ser revisada minuciosa y
responsablemente para garantizar seguridad efectiva y abatir los índices de
violencia.
No es
cosa menor el combate a la corrupción.
La LXIII Legislatura deberá implementar la reforma constitucional en materia de
sistema nacional anticorrupción por ser uno de los principales ejes de la
presente administración. La cuestión no es cultural, mover a México al
amparo de la corrupción resulta más oneroso que cumplir con la ley. Según
organizaciones no gubernamentales, las pérdidas por efecto de actos
corruptos y opacidad en todos los niveles equivalen al 10 por ciento del
Producto Interno Bruto.
Ante el inicio de la nueva Legislatura, es
necesario un llamado enérgico a sus integrantes a que realicen las funciones
para las que fueron votados, legislar de cara al bien de la nación, ajustar lo
necesario para enderezar el camino por disposiciones legales justas que moderen
la opulencia y la indigencia que tienen detrás la voluntad de gobernantes para
ser aplicadas sin distinciones de fuero o colores de partidos políticos. Es
imperioso el llamado a diputados y senadores de la LXIII Legislatura del
Honorable Congreso de la Unión para advertirles que hay mucha preocupación
por el destino y futuro del país.
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