El día miércoles
20 de mayo del presente año, nuestros compañeros y defensores de los derechos
humanos, Guadalupe Mariel BONILLA DUMIT e Israel SAMPEDRO MORALES, fueron
notificados por parte del Juez Décimo Segundo de lo Civil del Distrito Judicial
de Puebla, Ismael DE GANTE LÓPEZ sobre la orden de lanzamiento de su
vivienda en un término de tres días.
Es preciso señalar que la notificación de
la orden lanzamiento es continuidad de un juicio plagado de irregularidades, que el Juzgado 12° y el Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Puebla están revistiendo de legitimidad con supuestos
criterios legales. Lo anterior se manifiesta en que el día de ayer en que
notificaron a nuestros compañeros, el diligenciario José María Salazar
Hernández, adscrito al Juzgado Décimo Segundo de los del Distrito Judicial de
Puebla, con actitud prepotente y amenazante, impidió la documentación de
hechos que nuestro compañero Israel Sampedro Morales, Coordinador General de la
Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH), realizaba con su teléfono celular. De hecho el diligenciario lo amenazo
diciendo: “No puede estar
grabando, porque si no me lo llevo detenido”, situación reiterada al
momento de que el representante de la REDDH quiso fotografiar el escrito de los
documentos: bajo protesta, porque no se encontraba la parte actora, y que la
Sra. María Elvira Guadalupe Dumit Garzón falleció hace más de 12 años.
Lo más grave y que demuestra el grado de corrupción en los Juzgados, es que la
notificación estaba previamente llenada con horario de las 9 am y con el nombre
de una persona que no habita el inmueble, situación que obligo al diligenciario
a añadir texto, como lo manifiesta la redacción incongruente del documento.
Asimismo, el Juez en un acto inhumano habilitó días y horas inhábiles para el
desalojo, por lo que a partir de este domingo 24 de mayo es altamente probable
que se pretenda consumar un acto ilegal.
El gran negocio de la especulación inmobiliaria está a punto de ejecutarse por medio de
mecanismos supuestamente legales que presentan desigualdad de condiciones en su
procedimiento y por medio de los cuales un conjunto de empresas y particulares
con alto grado de organización y el contubernio con instancias de gobierno se
enriquecen a costa del patrimonio de los mexicanos. En este caso una particular
“ama de casa” de nombre Maria Levinia Arellano Cabrera, representada por
Fernando Javier Beltran Villagra, titular del despacho Beltran Villagra y
Asociados Jurídico Empresarial, cesionarios
de la empresa ZENDERE, cuyos directivos fueron ejecutivos que trabajaron en
HSBC, antes BITAL, banco que otorgó originalmente el crédito hipotecario a los
padres de Mariel Bonilla, están involucrados en el despojo de la vivienda de
Mariel Bonilla Dumit. Es preocupante considerar no es esta la única vez que se
repite esta práctica, sino que la misma representa una forma de
enriquecimiento por parte de grupos “amafiados” presentes en todo el país.
Hasta el momento, se han girado solicitudes de intervención dirigidas a diputados,
gobernación y el propio Tribunal Superior de Justicia, los primeros han sido
omisos en contestarnos, los demás dicen ser “respetuosos” de la autonomía
de poderes.
Este caso por sus propias características
ante los procesos de impartición de justicia, trasciende un asunto entre
particulares, cuestiona y pone en duda por la vía de los hechos el carácter
ético, legal y los criterios de los Juzgadores en los procedimientos para las
resoluciones judiciales. Es por ello que
la presente denuncia pública no puede limitarse al trámite de la figura legal
de una queja administrativa, puesto que estos actos que hoy señalamos y hacemos
de su conocimiento, son producto de una violación sistemática de una
Institución del Estado, que bajo el discurso de la legalidad procedimental, en
sus diferentes momentos ha sido parcial en beneficio de la contraparte y además
legitima la especulación inmobiliaria, por medio de la cual particulares o
empresas cobradoras de cartera vencida se adjudican inmuebles con precios de
entre 25 mil y 35 mil pesos, para después revenderlos en más de un 1000%
respecto a la inversión de la compra de dicha cartera, poniendo a millones
de mexicanos en manos de voraces grupos de poder económico-político, hoy
llamados eufemísticamente iniciativa privada.
Por lo antes expuesto, se hace necesario
que el Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Puebla lleve a cabo una investigación independiente, pública,
exhaustiva e imparcial respecto a los vicios procesales del Juicio Ejecutivo
Mercantil, expediente 1160/2010 radicado en el Juzgado Décimo Segundo
especializado en materia financiera del estado de Puebla, a efecto de
garantizar la no repetición de actos delictivos en los Juzgados encargados
de impartir justicia en este estado. Así como informar de manera oficial de los
avances del proceso.
Llamamos a la solidaridad del pueblo y sus organizaciones para exigirle al
gobernador Rafael Moreno Valle, de acuerdo a sus atribuciones en su calidad de
gobernador del estado de Puebla, detener el desalojo forzado de nuestros
compañeros defensores de derechos humanos Guadalupe Mariel Bonilla Dumit e Israel
Sampedro Morales, así como exigir al ejecutivo estatal garantizarles el derecho
humano a la vivienda tal como lo establece el Bloque de Constitucionalidad
firmado y ratificado por el estado mexicano.
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