Presentó
la legisladora por Puebla iniciativa de reformas a la Ley Antilavado
El lavado de dinero constituye uno de los actos criminales que, de manera
subrepticia y oscura, daña a la economía y da viabilidad a múltiples
actividades ilícitas, afirmó este día, ante el Pleno del Senado, Blanca
Alcalá Ruiz.
Durante la presentación, de la Iniciativa de reformas a la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la
presidenta de la Comisión de Cultura
agregó que seguir el dinero ha sido y es la recomendación más evidente para
abatir cualquier actividad del crimen
organizado, “porque toda acumulación de dinero ilícito requiere cumplir su
ciclo, y esto sólo es posible, cuando a través de distintas actividades, se
acredita como un ingreso legítimo y legal”.
Aseguró que la finalidad de la iniciativa, suscrita por legisladores de las diversas fuerzas políticas, es
reducir, con instrumentos institucionalizados y de inteligencia financiera,
operaciones con recursos de procedencia ilícita para, de esta forma, mermar
la capacidad corruptora, de fuego y riqueza del crimen organizado y la
delincuencia común.
Entre los principales objetivos de dicha iniciativa se encuentran:
✔ Favorecer
la operación normal de las empresas que realizan actividades calificadas
vulnerables
✔ Reducir
el número de reportes de identificación a cargo de los prestadores de bienes y
servicios
✔ Reducir
la carga económica que implica cumplir las obligaciones de la ley para los
sectores económicos calificados vulnerables
✔ Reducir
el número de avisos notificados a la autoridad respecto de actividades
vulnerables
✔ Generar
información de mayor especificidad y calidad respecto de las operaciones con
recursos de procedencia ilícita
✔ Hacer más eficientes los instrumentos de la
ley.
Por último, la también legisladora por Puebla puntualizó que los
senadores que suscribieron, junto con ella, esta iniciativa, (Ernesto Cordero
Arroyo, Armando Ríos Piter, Marcela Guerra Castillo, Omar Fayad Meneses, Ana
Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, David Penchina Grub,y José
Yunes Zorrilla), están convencidos de que la actual coyuntura
presenta la mejor oportunidad de hacer un ajuste a la ley con un enfoque basado
en riesgos, “que nos permita
perfeccionar los instrumentos que favorezcan la operación de las actividades económicas
y, al mismo tiempo, lograr mayor eficacia en la identificación de operaciones
de lavado de dinero”.
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