La LIX Legislatura aprobó por
unanimidad reformas legales garantizar transparencia, eficiencia y
profesionalización en la procuración y administración de justicia.JPG)
Expedirá Ley para la Protección de los Sujetos de Riesgo que
Intervienen en un Procedimiento Penal (Testigos protegidos)
El nuevo Sistema Penal Acusatorio pretende disminuir el promedio de
duración de un juicio de 730 a 210 días
Sanciones a los Defensores de Oficio que se ausenten de una audiencia
sin justificación alguna
Los integrantes de la Comisión de
Procuración y Administración de Justicia de la LIX Legislatura, aprobaron
por unanimidad seis dictámenes de
reformas, y la expedición una Ley, que permitirán garantizar la transparencia, eficiencia y profesionalización en la
procuración y administración de justicia en el Estado.
El Presidente de la Comisión,
Legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor León Castañeda, indicó
que se aprobó, para presentar al Pleno, la Ley
para la Protección de los Sujetos de Riesgo que Intervienen en un Procedimiento
Penal, que ofrecerá protección inmediata y efectiva a quienes coadyuven en el
esclarecimiento de los hechos delictivos (testigos protegidos).
Para ello, en un plazo no mayor a tres meses a partir de su expedición,
la Procuraduría de Justicia del Estado, deberá crear un Órgano Desconcentrado,
encargado de ofrecer custodia personal o residencial y en casos de traslado;
resguardo de las personas en centros especiales, dotación de teléfonos
celulares o cambios de número; colocación de botones de emergencia; realización
de rondines, entre otros, explicó el Legislador.
Se aplicará sanción de 8 a 10 años de prisión, a los funcionarios que
incumplan con los protocolos de protección, mencionados.
En relación a la Ley Orgánica del Poder Judicial, explicó que con las
modificaciones y armonización al Sistema Penal Acusatorio, habrá
prontitud y transparencia en los Procedimientos Penales, para que su promedio
de duración, disminuya de 730 a 210 días.
Adicionalmente, considera la adaptación de nuevas tecnologías que
ofrezcan mejor servicio a la sociedad.
León Castañeda,
agregó que la armonización legislativa al Código Nacional de Procedimientos
Penales, tiene un proceso de 8 años y deberá quedar concluido el 2016. En
Puebla, ya opera para las regiones judiciales de Teziutlán, Huauchinango, Izúcar
de Matamoros y Tehuacán, y aún están pendientes Puebla y Cholula.
Sobre las reformas a la Ley
Orgánica de la Procuraduría de Justicia, señaló que se aprobaron las
propuestas para que en las agencias del
Ministerio Público, se reduzca el tiempo de trámites de un 60 a un 65 por
ciento y, se garantizará la profesionalización de los agentes investigadores,
comentó.
Anunció que entre los puntos más importantes de Ley del Servicio de la
Defensoría Pública, están garantizar la asistencia jurídica gratuita a las
personas; la profesionalización de los Defensores de Oficio y aplicarles
responsabilidad administrativa, cuando se ausenten de una audiencia, sin
justificación alguna.
Los integrantes de la Comisión, entre quienes se encontraban las Legisladoras
del Partido Nueva Alianza (PANAL), Susana Riestra Piña y del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Silvia Tanús Osorio, aprobaron
reformas al artículo 856 del Código Civil, que garantiza a los recién nacidos
tener una identidad y obliga a los padres o familiares, a registrarlos ante el
Juez del Registro Civil en un plazo no mayor a 180 días, además de recibir
gratuitamente su primer acta de nacimiento.
También, se votaron
por unanimidad las reformas al Código Penal, para adecuarse a la Ley General de
Delitos Electorales.
Las modificaciones a la Ley de Protección a la Víctimas, garantizarán su
derecho a vigilar y participar en el desarrollo de las investigaciones del
Ministerio Público; recibir asesoría legal, profesional y gratuita y resguardar
la integridad de las víctimas menores de edad y mujeres, puntualizó.
El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Legislador del PAN,
Francisco Rodríguez Álvarez, informó que se aprobaron reformas a la Ley de
Seguridad Pública, para adecuarse a la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública; respetar y hacer respetar los derechos humanos y sus
garantías, y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte.
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