Respecto a la recomendación 2VG/2014 emitida por la CNDH al Gobierno del Estado
de Puebla, en torno al caso Chalchihupan, me permito manifestar las
siguientes consideraciones:
Desde la aprobación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos
y que Regula el Uso Legítimo de la
Fuerza por parte de los Elementos de
las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, los diputados de Movimiento Ciudadano señalamos que el
marco normativo tenía disposiciones ambiguas que, como sucedió en su
aplicación, resultarían atentatorias contra los derechos de los ciudadanos.
Insistimos también, en que era
necesario priorizar el adiestramiento de los cuerpos policíacos;
la profesionalización de su trabajo y la capacitación en materia de
derechos humanos, así como en su
depuración a partir de la transparencia en los exámenes de confianza.
Tras los lamentables
acontecimientos del 9 de julio, nuestra postura en la tribuna del Poder
Legislativo, fue de enérgico rechazo a los acontecimientos de violencia; nos
manifestamos en contra de la represión. Y dijimos: “Sí al diálogo y La Paz. No
a la violencia”.
Aún más, en Movimiento Ciudadano establecimos
con claridad que “no seriamos cómplices de ningún acto al margen de la
legalidad”. La muerte de un ser
inocente, no debe quedar impune”, expresamos.
Hoy, ante el resolutivo emitido por el
ombudsman nacional, reafirmamos la confianza en nuestras instituciones y nos
pronunciamos a favor de que el Gobierno de Puebla cumpla en su totalidad
con la recomendación 2VG/2014 y acate sin reserva lo dictaminado.
El desarrollo democrático de nuestra entidad,
debe reflejarse en el pleno respeto a la ley por parte de ciudadanos y
autoridades. Nos pronunciamos porque en Puebla prevalezca el imperio de la ley,
el estado de derecho y el respeto a las instituciones.
Ninguna autoridad puede sustraerse de los
legítimos reclamos sociales. Un gobierno que no escucha a su pueblo está
condenado a repetir sus errores y desviar su rumbo en sentido contrario al
interés de las mayorías.
Las descalificaciones a priori , la
intolerancia a la libertad de expresión, la falta de atención a los reclamos
sociales o la negligencia en el cumplimiento de las obligaciones como
autoridad, no son propias de gobiernos democráticos.
El caso Chalchihuapan no termina con el
dictamen de la CNDH, esperamos del Gobierno del Estado acciones inmediatas al
respecto, un cumplimiento a cabalidad del resolutivo y una investigación
transparente y responsable que aclare el fallecimiento del menor y determine
responsabilidades contra el o los responsables así como resarcir los daños y
perjuicios a víctimas y familiares.
Reiteramos, los poblanos rechazamos la
violencia, queremos paz social, pero basada en la aplicación estricta de la ley.
.jpg)
0 comentarios:
Publicar un comentario