Llama a inconformes a no violentar
Estado de Derecho impidiendo funciones; serían responsables de un conflicto en
el CERESO.
Sobre esa base se atenderán demandas
de custodios: Parra Jiménez.
San Pedro
Cholula.- Después de recibir a una
comisión del grupo de custodios que impidió laborar al personal administrativo
del CERESO de San Pedro Cholula, la Presidenta Municipal, Dolores Parra
Jiménez, subrayó la plena disposición de su gobierno para resolver las demandas
que le formularon, aunque todo ello con estricto apego a Derecho.
La alcaldesa
Parra Jiménez recibió en el Salón de Cabildos a un grupo representativo de
custodios, quienes le formularon diversos cargos no demostrados hasta ahora,
contra el Director del Centro de Reinserción Social (CERESO) de este Municipio,
Rómulo Margarito Ramírez Huerta.
Lo anterior,
a pesar de que el grupo de inconformes había incumplido con el Secretario
General, Miguel Ángel Carranco Ledesma, el Director de Gobernación Municipal,
Antonio López Espinosa y el Delegado de la Secretaría General de Gobierno
estatal, Humberto Baltazar, liberar el acceso al personal administrativo, quien
no pudo laborar debido al bloqueo.
“Ustedes me
pidieron dialogar y aquí estoy para escucharlos; siempre he atendido sus
demandas económicas y materiales en la medida que el presupuesto asignado lo
permite; les damos lo que está a nuestro alcance”, les señaló al recibirlos.
Frente a los
cargos verbales que el grupo hizo contra el Director del CERESO, Ramírez
Huerta, Parra Jiménez apuntó que el Contralor José Héctor Huerta Calvario,
asumiría la responsabilidad de atender las acusaciones por escrito, para en su
caso proceder a las sanciones que de acuerdo a ley procedan, ya que subrayó, no
han aportado pruebas de sus acusaciones.
Sin embargo,
el grupo rechazó liberar las instalaciones administrativas del CERESO, hasta
que su titular fuera separado, y además, hasta que por escrito no se les
garantizara que no habría despidos y se les cumplieran sus demandas.
Al respecto y
durante sus intervenciones, el Secretario General, Miguel Ángel Carranco y el
de Gobernación, Antonio López Espinosa, les hicieron hincapié en la ilegalidad
de que sin proceso jurídico-administrativo de por medio, primero se destituyera
al funcionario, y segundo, que hasta entonces liberaran las oficinas
administrativas.
Por su parte,
el Delegado de la Secretaría General de Gobierno estatal, Humberto Baltazar,
indicó posteriormente a los inconformes
en las afueras del CERESO, que aún con la intervención de la Dirección estatal
de reclusorios, de ninguna manera podía aceptarse la atención del conflicto,
con las oficinas tomadas.
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