Jaime González
BBC Mundo, Los Ángeles, @bbc_gonzalez
Cuando
el pasado mes de julio el Senado de Estados Unidos aprobó por una amplia
mayoría un proyecto de reforma migratoria que ofrecía un camino para la
legalización de los más de 11 millones de indocumentados que se cree viven en
el país, muchos pensaron que finalmente se iba a resolver un asunto que lleva
años pendiente.
Pero
la alegría de los partidarios de la reforma duró poco. Cuando llegó la hora de
que la Cámara de Representantes elaborara su propia propuesta, las
negociaciones entre demócratas y republicanos descarrilaron.
La
falta de entendimiento entre ambos bandos -principalmente sobre si se debe
otorgar la ciudadanía a los inmigrantes que regularicen su situación y sobre
las medidas para reforzar la frontera- se prolongó durante semanas y cuando los
congresistas regresaron en septiembre al trabajo después del receso veraniego
los indocumentados habían dejado de ser una prioridad.
Los
republicanos iniciaron su batalla para retrasar la entrada en vigor de la
reforma del sistema sanitario impulsada por el presidente Barack Obama -la
famosa Obamacare- en un tira y afloja que desembocó en el cierre gubernamental.
Ello,
sumado a las discusiones para elevar el techo de la deuda del gobierno
estadounidense, ha mantenido ocupados a los legisladores a tiempo completo.
Pero
pese al aparente olvido en el que ha caído la reforma migratoria, las
organizaciones que desde hace años trabajan para acabar con el limbo en el que
viven millones de indocumentados y sus familias, no han desistido en su empeño,
manteniendo la presión sobre los congresistas.
A
estas alturas algunos se preguntan si, como ya sucedió en el pasado, la promesa
electoral del presidente Obama de que en esta legislatura se aprobaría una
reforma migratoria (con la que obtuvo el decisivo apoyo de los votantes de
origen hispano) volverá a quedar en nada.
En
los últimos meses el mandatario no ha dejado de repetir que la reforma es una
de las prioridades de su gobierno, aunque grupos pro-inmigrantes le echan en
cara que se haya negado a detener las deportaciones de indocumentados, un gesto
que, en opinión de los activistas, lanzaría una señal clara de que existe
voluntad de encarar el problema.
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