En
una serie de reflexiones el líder nacional del PRI, César Camacho Quiroz fija
su postura ante el embate irascible de un considerable número de maestros
agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Sólo
lo que se puede evaluar, se puede mejorar. Planteada con el propósito de
dignificar la profesión docente, garantizar los derechos laborales de los
maestros, y obligar al Estado mexicano a darles certidumbre en su ingreso,
permanencia y promoción dentro del servicio para, consecuentemente, mejorar la
importante función que ejercen, la reforma educativa redactada en el seno del
Pacto por México y presentada por el Presidente de la República a la
consideración del Congreso de la Unión, ha sido mal entendida por una
organización gremial que, so pretexto de defender los derechos de los docentes,
confunde a la sociedad y colapsa la vida cotidiana de la capital de la
República.
La
CNTE ha desinformado a sus integrantes y perjudicado a miles de personas. Que
no se engañen, ni engañen; que dejen de rasgar el tejido social y desafiar la
legalidad.
Tanto
las reformas y adiciones de los artículos 3º y 73 constitucionales aprobadas en
febrero, como la Ley del Servicio Profesional Docente que en próximos días
habrán de debatir y, seguramente, aprobar los legisladores, dicen claramente
que se preservarán los derechos laborales de los que gozan los profesores, en
su calidad de servidores del Estado.
Por
eso, no resulta lógico que los dirigentes de la CNTE exijan que “no pongan en
riesgo su permanencia en el sistema educativo nacional ni que se condicione su
trabajo a los resultados de una evaluación” que, dicho sea de paso, lejos de
perjudicarlos, los beneficiara.
Precisa
el dictamen que en el Servicio Profesional Docente, los maestros ya no serán
sometidos a un examen como ahora, sino a un proceso de evaluación integral de
tres oportunidades que, en caso de no aprobar, les permitirá cursar programas
de regularización para que tengan una nueva oportunidad que, si una vez más
reprobasen, los maestros que ahora ya están en funciones, conservarían todos
sus derechos y su plaza, aunque serían adscritos a tareas distintas a las que
realizan ante el grupo en las aulas. Únicamente el maestro que en el futuro se
incorpore al servicio, y no alcance un resultado suficiente en la tercera
oportunidad, podría ser separado del servicio público. Los maestros que tienen
plaza temporal, tendrán dos evaluaciones; y no serán separados de sus cargos
quienes ya cuentan con nombramiento definitivo de profesor.
Como
se advierte, razonable, solidaria con los maestros y, sobre todo, responsable
con el desafío educativo que imponen el presente y el futuro, la reforma
educativa es benéfica para los mexicanos, quienes, con ella, habremos de
transformar a México.
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