Se
cumple un año más de impunidad para los responsables materiales e intelectuales
del asesinato de nuestro compañero Fermín Mariano Matías de 32 años, atleta
amateur, estudiante destacado egresado de la maestría en Geofísica en la UNAM,
asesor político y luchador social, su consecuencia política y el compromiso
adquirido con las causas populares fueron motivo suficiente para perpetrar
primeramente su detención-desaparición el 24 de junio en el estado de Puebla
para posteriormente presentar su cuerpo sin vida el día 27 de julio de 2009 en
el estado de Tlaxcala. Se trata ante todo de un crimen de Estado, ejecutado
bajo el modus operandi de grupos paramilitares. Familiares, amigos y compañeros
de lucha emprendimos su búsqueda en las diferentes dependencias acompañado de
la denuncia permanente exigiendo su presentación con vida, la información
otorgada por las autoridades era nula a pesar de que ya tenían conocimiento de
lo sucedido y que fue hasta que por la presión ejercida de organizaciones
populares y de derechos humanos tanto a nivel nacional e internacional como nos
entregaron su cuerpo.
El 20
de noviembre DE 2009 en respuesta a las denuncias y exigencias de diferentes
organizaciones populares y de defensa de los Derechos Humanos a nivel nacional
e internacional, además, de familiares, amigos y compañeros que se unieron en
una acción humana y solidaria exigiendo primero su presentación, y
posteriormente esclarecimiento del asesinato político de Fermín, los diputados
del Congreso local de Puebla exhortan a la Procuraduría de Justicia del Estado
de Puebla para que esclarezca tanto el asesinato de Fermín Mariano como el de
Lenin Ortiz Betancourt, joven ultimado en
la comunidad de Naupan, distrito
de Huauchinango en la sierra norte de puebla, quien recibió 14 impactos de bala
de grueso calibre y rematado con el tiro de gracia en la cabeza, hijo de los
profesores Rigoberto Ortiz Martínez y Mónica Betancourt Rodríguez
pertenecientes al magisterio democrático en Puebla.
La
responsabilidad y contubernio por parte de la Procuraduría General de Justicia
de Tlaxcala y de Puebla se evidenciaron. La procuraduría de Tlaxcala, informó
hasta el día en que nos entregaron su cuerpo, que lo había encontrado desde el
26 de junio y lo había mantenido en la
morgue hasta el 20 de julio de 2009, fecha en que fue sepultado en la fosa
común. La de Puebla el 17 de diciembre de 2009 remitió el original de todas las
actuaciones a la procuraduría de Tlaxcala con previa aclaración que estas no
contenían líneas de investigación claras ni hipótesis ni conclusiones sobre el
caso, de igual manera argumentó que no podía avanzar con las investigaciones
pertinentes para dar con los responsables materiales e intelectuales de la
detención-desaparición y el asesinato ya que no habían sido ejecutados en el
estado por lo tanto estaba fuera de su jurisdicción. Hasta la fecha no hay
avances en las investigaciones a pesar de constituirse como crímenes de lesa
humanidad que no prescriben según tratados internacionales que México ha
firmado en materia de Derechos Humanos; lo que muestra que hay una completa
indisposición de ambas dependencias para resolver el caso y que ante su
silencio y desmemoria se vuelven cómplices de las procuradurías anteriores y
las administraciones pasadas de los respectivos estados.
Lo
que siempre hemos dicho es que el caso debe ser investigado en ambos estados y
deben involucrarse todas las dependencias e instituciones que correspondan; En
Puebla por la actividad política que
durante años ejerció Fermín con las organizaciones estudiantiles y populares En
Tlaxcala porque en su territorio geográfico y de jurisdicción política-judicial
se presume aconteció el crimen de Fermín o por lo menos ahí fue hallado su cuerpo.
A lo
anterior le debemos sumar las filtraciones a medios de comunicación el día 28
de julio de manera sesgada La Jornada de Oriente publicó que de que era
militante del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y que por ello tenía
seguimiento del Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN). Cabe
mencionar que el 20 de diciembre de 2009, el EPR hace un recuento de las
violaciones a los derechos humanos, en dicha misiva menciona tanto a Lenin
Ortiz como a Fermín Mariano, pero en ningún momento los reivindican como
miembros de su organización. En el mismo comunicado el EPR solicita a las
autoridades correspondientes, que en el caso de Fermín Mariano se investigue al
rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibañez. A 4 años de estos hechos, el CISEN no
ha fijado una postura oficial respecto a las filtraciones antes mencionadas y
en el caso de la Jornada de Oriente seguimos en espera de que en un acto de
profesionalismo pero sobre todo humano aclare quienes filtraron la información
antes referida.
En
marzo de 2011 la familia Mariano Matías, el Frente de Organizaciones
Sindicales, Sociales, Campesinas y Estudiantiles del Estado de Puebla
(FOSSCEP), y nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) así como
organizaciones y personas solidarias, solicitamos al Congreso del Estado de
Puebla por medio de la diputada Denisse Ortiz Pérez, presidenta de la Comisión
de Gestoría y Quejas; la Diputada Zenorina González Ortega, presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos y el Diputado Juan Carlos Espina Von Roerhrich,
presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales
que coadyuvaran para dar solución a las siguientes demandas: Esclarecimiento y
castigo a los responsables de los asesinatos de los luchadores sociales Fermín
Mariano Matías, Gumaro Amaro Ramírez; que se legisle para que se tipificara la
desaparición forzada como delito y la libertad incondicional a Rubén Sarabia
Sánchez “Simitrio”.
El
crimen de nuestro compañero Fermín Mariano y la falta de acciones encaminadas a
esclarecerlo, es un ejemplo más de la instauración de un Estado
policiaco-militar agudizado en el sexenio de Felipe Calderón mediante la
criminalización de la pobreza, la protesta y lucha popular, en donde se
persigue, encarcela, condena, asesina y desaparece por origen social, por
condición económica, por apariencia física, por preferencia sexual, por
militancia política, por ser crítico al régimen. Tan sólo en el 2009 tenemos
como ejemplos en Chiapas: Mariano Abarca líder opositor a la operación de una
mina; Morelos: Miguel Ángel Pérez Cázales,
líder campesino integrante de 13 Pueblos; Chihuahua: Paz Rodríguez
Ortiz, defensor de Derechos Humanos, Géminis Ochoa Castro, líder ambulante; en
el año siguiente, 2010: Chihuahua: Rubén Reyes Salazar, Josefina Reyes Salazar,
Marisela Escobedo Ortiz, Ernesto Rábago Martínez; Oaxaca: Julián Ramírez
Martínez y Heriberto Pazos Ortiz del MULT, Catarino Torres Pereda de CODECI,
Jyri Jaakkola Observador Internacional de Derechos Humanos, Beatriz Alberta
Cariño Trujillo, Defensora de Derechos humanos; Hidalgo: Arturo Levin
Hernández, Antonio Hernández Hernández de Habitat Para la Humanidad; en el presente año, 2011: Guerrero: Javier
Torres Cruz, Ecologista; Campeche: Armando García Jiménez, dirigente campesino.
A 4
años de su detención-desaparición y posterior ejecución la omisión por parte de
los 3 niveles de gobierno se mantiene, constituye un crimen de lesa humanidad
que no prescribe cuya tipificación establece que los responsables inmediatos y
principales de esta atroz práctica es el Estado y la administración en turno
del régimen prevaleciente de la nación
en que se cometió este crimen, aplicándose en todo el territorio en los tres
niveles de gobierno, y todas y cada una de sus instituciones y poderes de la
unión, recayendo dicha responsabilidad
de autoría material en las entidades de administración-procuración de
justicia y el aparato de represión policiaco militar del Estado, en la mayoría
de los casos.
En
nuestro País la responsabilidad recae en el jefe del Estado mexicano y
comandante supremo de las fuerzas armadas de ese año es decir, Felipe Calderón
Hinojosa así como los procuradores generales de la República de ese sexenio,
así como los gobernadores y procuradores de Puebla y Tlaxcala, como los jefes
policiacos de ese tiempo, y mientras este crimen no se esclarezca, se lleven a
juicio a los responsables y se les castigue, la responsabilidad no prescribe
para quienes ostentaron estos cargos y se amplía la culpabilidad a los funcionarios actuales.
A 7
meses del inicio de su administración, responsabilizamos a Enrique Peña Nieto
como jefe de Estado, a Jesús Murillo Karam Procurador General de la República,
así como al gobernador del estado de Puebla Rafael Moreno Valle y Mariano
González Zarur gobernador de Tlaxcala y a los procuradores de los estado de
Puebla y Tlaxcala Víctor Antonio Carrancá Bourget y Alicia Fragoso Sánchez
respectivamente por la omisión inoperatividad e indolencia así como la nula
disponibilidad y voluntad que se tiene para enjuiciar y castigar a los responsables
intelectuales y materiales de la detención-desaparición y posterior ejecución
de nuestro compañero Fermín Mariano Matías y los más de 100.000 asesinados
extrajudicialmente en nuestro país .
Continuaremos
caminando unidos con el ejemplo de lucha que nos han dejado nuestros muertos,
la fortaleza y dignidad que asumen nuestros desaparecidos políticos, nuestros
presos políticos y de conciencia. Su ausencia física no es impedimento para que
continuemos organizándonos y reivindicando las demandas de los distintos
sectores de nuestro pueblo e impulsando la lucha por el Socialismo en nuestro
país mediante su legado y su ejemplo como luchador social pero sobre todo como
ser humano. La exigencia por esclarecimiento del caso y el castigo a los
culpables es permanente.
¡No
olvidamos y no perdonamos!
¡Exigimos
castigo a los responsables de la detención desaparición y asesinato de Fermín
Mariano Matías!
¡Presentación
con vida de todos los detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales
del país!
¡Libertad
a todos los presos políticos y de conciencia del país!
¡Desmilitarización
y desparamilitarización del país!
¡Respeto
a la libertad de reunión, organización, expresión y manifestación!
¡Alto
a la criminalización de la pobreza, la protesta y lucha popular!
FRATERNAL
Y COMBATIVAMENTE
¡POR
LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINA, INDÍGENA Y POPULAR!
FRENTE
NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
FAMILIA
MARIANO MATÍAS

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